Empadronamiento para todos

Llevamos ya muchos años mirando de reojo al fenómeno de la inmigración. El gobierno de España hizo una ley de Inmigración que ni es realista, ni se cumple. Pero el gobierno de España mira para otro lado, y la oposición tampoco se mete en el barro de un territorio que puede ser un buen coto de caza de votos. Las Comunidades autónomas y los ayuntamientos cargan con los efectos colaterales de una ley de carácter estatal inadecuada y con bajísimo nivel de cumplimiento en sus aspectos más esenciales.

Las Comunidades han de sufragar la prestación del servicio sanitario y educativo a los inmigrantes, aunque estos se encuentren en situación de ilegalidad manifiesta, porque la sanidad y la educación son derechos universales que en España se entiende que hay que prestar a todo el mundo que pise territorio español.

Los ayuntamientos, que siguen siendo los hijos de un dios menor de la administración, tienen que costear de sus propios recursos los servicios sociales y otras prestaciones a los inmigrantes, se encuentren o no empadronados, en situación legal o sin papeles. Pero luego nadie compensa a los ayuntamientos por estas prestaciones, ni tampoco todas las Comunidades autónomas reciben el mismo trato de los Presupuestos Generales del Estado para hacer frente a esos gastos; es más, en el caso de la de Madrid, ni siquiera el gobierno central le reconoce el incremento demográfico e ignora a más de un millón de habitantes, en su gran mayoría inmigrantes, que están, pero que no existen para el gobierno de Zapatero.

Así las cosas, España es el país de la Unión Europea donde más fácil es entrar sin papales; donde más fácil es quedarse sin papeles y donde más fácil resulta apuntarse al “papeles para todos”. Y eso lo saben quienes vienen de fuera; y eso hace que la inmigración se haya desbordado en los últimos años, y si ahora se ha contenido, ha sido por el filtro natural que impone la crisis económica, porque ya no es tan rentable entrar en un país fácil, donde uno se puede quedar fácil, pero donde no hay trabajo y cada día se incrementa el número de parados.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, del Partido Popular, cedió ayer a las presiones políticas, sociales y mediáticas y derribó el muro municipal que había puesto al empadronamiento de los inmigrantes con visado de turista. Terminó acatando la decisión del gobierno Zapatero y la connivencia del presidente del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy. No ha tenido más remedio que hacer suyo el “empadronamiento para todos”, porque algunos incluso quisieron tocar la fibra sensible e ir al aspecto humanitario, diciendo que es inhumano no empadronar a inmigrantes, sea cual sea su situación legal, pero no resulta inhumano admitir que basta con hacinarse veinte personas en un piso-patera de cincuenta metros, compartir camas-calientes y duchas-mojadas como las espaldas de los subsaharianos, para ser considerado ser humano con derecho a sitio en el padrón. La falsedad de la política, de la sociedad y de los demagogos sin fronteras es tan manifiesta como irritante.