'Caso espías': la Fiscalía pide imputar a un hombre de Granados por los seguimientos a Prada

La petición se realiza en base a las pruebas aportadas hace un año por el diario El País, entre las que figuraba un informe caligráfico sobre el autor de las anotaciones de los partes. El análisis apuntó a Pinto, uno de los funcionarios del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid, como responsable de los partes de seguimiento.

Por este motivo, el Ministerio Público ha pedido ahora que se le tome declaración como imputado, acompañado de un abogado, por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por Cobo en 29 de febrero de 2009. Además, solicita que se le practique una prueba caligráfica. Según indicaron las mismas fuentes, la Fiscalía tiene previsto solicitar la práctica diligencias una vez que lleguen los resultados de las pruebas caligráficas practicadas a los tres imputados en la causa, el ex director de Seguridad Sergio Gamón y tres ex guardias civiles a cargo del consejero Francisco Granados. 

El caso que afecta a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior avanza despacio a la espera de los informes caligráficos. La magistrada prevé en breve ampliar las imputaciones a cinco policías nacionales que habrían participado en las contravigilancias a Prada, según indicaron a Europa Press fuentes fiscales.

Interior admitió "contravigilancias"
Este procedimiento arrancó el pasado mayo, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por Manuel Cobo el 29 de febrero de 2009. La mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid. En la causa están imputados tres ex guardias civiles del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid y el director de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón.

Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo. En su declaración, Gamón desvinculó la autoría de los partes de seguimiento a la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, exonerando de responsabilidad a personas de su confianza.

El ex director de Seguridad explicó a la magistrada que Prada le nombró en 2005 para dirigir el área de Seguridad del Gobierno de Aguirre con la instrucción de actuar en materia de control de edificio y seguridad de autoridades para compensar los servicios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Esta última actividad puede ser entendida como contravigilancias, puesto que está afuera de su ámbito competencial. Por su parte, los agentes imputados aseguraron que entre sus tareas figuraban las contravigilancias, ordenadas por Gamón. De igual modo, el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha reconocido que se realizaba esta actividad, pero no espionaje.

Por otro lado, la juez reiteró hace una un mes a Telefónica que le remita las ubicaciones de las llamadas realizadas en abril de 2008 por ocho agentes del Área de seguridad, tres de ellos imputados, relacionados con los supuestos seguimientos sufridos por Alfredo Prada y Manuel Cobo entre mayo y abril de ese año.