Catarata de sentencias contra el Ayuntamiento de Madrid

En octubre, el TSJM daba dos varapalos al Ayuntamiento de Madrid. Primero, desestimó el recurso de apelación contra la sentencia que declaró nula la ampliación de los límites del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Y es que en 2006, el Gobierno de la capital intentó ampliar el SER a tres nuevas zonas: Carabanchel Alto, Barrio del Pilar y Hortaleza.

Entonces, las asociaciones antiparquímetros recurrieron la medida al considerar que no se había respetado el procedimiento legal, y en septiembre de 2008, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 26 declaró nula dicha ampliación. Pero el Consistorio recurrió.

El recurso de apelación se basaba en que el juez había apreciado de forma incorrecta el régimen normativo del SER, ya que la Ordenanza de Movilidad para la ciudad de Madrid de 26 de septiembre de 2005 extendía este servicio a toda la ciudad. Sin embargo, el juzgado consideraba que esta ordenanza delimitaba la zona SER, tal y como la había marcado el alcalde o el órgano delegado para hacerlo, y que la ampliación debería haberse llevado a Pleno incluida en la ordenanza de Movilidad y no por decreto fiscal, como se hizo.

Entonces, el Ayuntamiento aseguró que ya había subsanado los defectos formales que citaba la sentencia y que la desestimación no cuestionaba el servicio ni tenía trascendencia práctica. Además, el Ayuntamiento consideró que sólo las personas que recurrieron sus pagos al SER fuera del perímetro de la M-30, entre septiembre de 2008 -fecha en la que se publicó la sentencia declarando nulo el decreto- y diciembre de 2008 -cuando el Ayuntamiento hizo las modificaciones que se le pedía-, y que alegaron esta causa, tenían derecho a reclamar las cantidades cobradas.

Sin embargo, el colectivo vecinal antiparquímetros exigió la retirada de los parquímetros y la devolución de las cantidades cobradas a los ciudadanos tras la decisión del TSJM de ratificar la ampliación del SER, unas cantidades, que según los afectados, superaría los 200 millones de euros.

En este sentido, los portavoces instaron a los ciudadanos a recurrir las multas y pagos al Ayuntamiento en concepto de estacionamiento regulado desde el 1 de marzo de 2006, fecha de publicación del decreto, y no desde septiembre de 2008, fecha en la que fue declarado nulo, como pretendía el Ayuntamiento.

El 'multazo'
Por otro lado, el TSJM también anuló una ordenanza municipal por la que el Ayuntamiento de la capital incrementó en más de un 50 por ciento el importe de las sanciones de circulación, llegando algunas incluso a triplicar su importe.

Esto supuso una recaudación en las arcas municipales de más de 710 millones de euros desde la puesta en vigor de este Decreto en el año 2006, según explicó la asociación de defensa de los conductores DVuelta. El decreto municipal vulnera el principio de jerarquía normativa y el principio de normalidad, según reflejaba la sentencia del TSJM del 18 de junio de 2009.

Ésta sentencia se produjo después de que esta asociación presentara un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del 3 de noviembre de 2005, que establecía un nuevo cuadro de claves de infracciones a la normativa de circulación vial. El TSJM indicó que la resolución vulneraba el principio de legalidad ya que las sanciones impuestas superaban cuantitativamente el importe previsto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial. Además, el establecimiento de algunas sanciones en su grado máximo vulneraba también la ley y el principio de proporcionalidad.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid anunció que recurriría el fallo del TSJM y mientras tanto se suspendería la eficacia de la sentencia y se seguiría aplicando el cuadro de sanciones normalmente. Según el coordinador general del Ayuntamiento, Fernando Autrán, el Ayuntamiento discrepaba del fallo porque la sentencia interpretaba erróneamente dicho cuadro, que era una tabla para que los agentes tuvieran una referencia para sancionar y que era un documento interno.

En este sentido, la asociación DVuelta presentó un escrito ante el Registro del Ayuntamiento de Madrid pidiendo la "inmediata suspensión" del cuadro de multas incluido en la ordenanza municipal de 2005, tras el fallo del TSJM en contra de esta normativa.