El TSJM anula 'el multazo' a los conductores

Esto supuso una recaudación en las arcas municipales de más de 710 millones de euros desde la puesta en vigor de este Decreto en el año 2006, según explicó la asociación de defensa de los conductores DVuelta. El decreto municipal vulnera el principio de jerarquía normativa y el principio de normalidad, según refleja la sentencia del TSJM del 18 de junio de 2009.

Ésta se ha dictaminado después de que esta asociación presentara un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del 3 de noviembre de 2005, que establecía un nuevo cuadro de claves de infracciones a la normativa de circulación vial. El TSJM indica que la resolución vulnera el principio de legalidad ya que las sanciones impuestas superaban cuantitativamente el importe previsto en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial. Además, el establecimiento de algunas sanciones en su grado máximo vulneraba también la ley y el principio de proporcionalidad.

"El cuadro de sanciones, ahora anulado, establecía por decreto el importe fijo que debía establecerse en cada tipo de sanción sin tener en cuenta las concretas circunstancias de cada caso, es decir, en contra de lo que establece la Ley de Tráfico", recalcó el director ejecutivo de DVuelta, Germán Rodríguez. Según la asociación, en el último año con el anterior cuadro de sanciones, el Ayuntamiento de Madrid ingresó 95 millones de euros por multas de tráfico, cifra que desde la puesta en vigor de la ordenanza ascendió a 115 millones de euros en 2006; 126 millones en 2007; y 200 millones en 2008. Además, según DVuelta, en 2009 el Consistorio preveía recaudar algo más de 270 millones de euros.

"Afán recaudador"
Por ello, Rodríguez aseguró que "la conclusión es al menos la mitad de lo recaudado por multas procede de sanciones ilegalmente impuestas", motivo por el que "deja de ser creíble el hecho de que las multas tienen un carácter formativo y educador" y se pasa a pensar si tienen "afán recaudador", apuntó. En ese sentido, señaló que "una ordenanza municipal no puede prevalecer sobre una ley, en este caso de ámbito estatal, a la que debe someterse".

La nueva ordenanza municipal "eliminó la graduación en las multas", con lo que algunas de ellas "pasaron de tener un coste de 90 a 300 euros como, por ejemplo, la de estacionar en doble fila sin conductor, una de las infracciones más denunciadas", apuntó. Ahora, con esta anulación, "millones de multas que se encuentran en trámite podrán ser recurridas con un fundamento jurídico de primer orden: la anulación de la ordenanza decretada por sentencia", señalaron desde DVuelta. Sin embargo, apuntaron que quienes hayan pagado ya sus multas y no las hayan recurrido, no tendrán la posibilidad de recuperar el dinero "injustamente" cobrado.

Pese a que la sentencia puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, DVuelta ha asegurado que "instará la ejecución inmediata de la misma a fin de que se respete la ley".