El CGPJ archiva la última queja pendiente del PP contra Garzón por filtraciones

Para la Comisión, que coincide con el criterio manifestado por los Servicios de Inspección, los hechos a los que se refiere la queja del PP carecen de relevancia disciplinaria. Se trata de consideraciones subjetivas que los denunciantes deducen de cada actuación judicial de Garzón.

En su informe, la Inspección señalaba que de la conducta de Garzón al respecto "no se desprende irregularidad alguna susceptible de reproche disciplinario". Además, añadía que la queja del PP no incluía más que "consideraciones subjetivas expresadas por los interesados". Estos, de cada decisión adoptada por Garzón, deducen que su finalidad no es otra que darse publicidad, originar especulaciones sobre la existencia de nuevos aforados, perjudicar al Partido Popular o conseguir dilatar su inhibición del caso.

Según el escrito presentado por el abogado Juan Ramón Montero, en representación del PP, el hecho de que el juez levantase el secreto de sumario para dictar los autos de inhibición en favor de los tribunales superiores no tenía otro objetivo que "dar a los medios de comunicación titulares sensacionalistas, perjudiciales par el PP", además de darse publicidad "sacrificando el proceso legal y la garantía de las partes".

Notificación irregular
El PP denunció como "irregular" la notificación del auto de inhibición relativo a la Comunidad Valenciana. Relataba que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "recibió una llamada telefónica en su móvil, en torno a las 22.35 horas de esa misma noche, en la que un no identificado inspector de policía, que solo quiso acreditarse como 'miembro de la UDEF central' le requería para que se diera por notificado del auto, y para que le proporcionara un número de fax al que hacérselo llegar".

"Ante tan sorprendente como irregular procedimiento", señalaba el escrito, Camps requirió "de nuevo al funcionario para que se identificara, a lo que éste se negó de nuevo". También le preguntó "como había conseguido su número de teléfono personal" y el funcionario policial "contestó 'diligencias policiales' e insistió en que cumplía órdenes de su superioridad". Al final, Camps le proporcionó un número de fax, al que se remitió el auto.

Igualmente criticaba la forma en que se notificó el auto al ex consejero valenciano Víctor Campos --a través de una llamada de un Inspector de Madrid a la Sede del PP de Castellón-- y al secretario provincial del PP valenciano Rafael Betoret, al que, según explica, le convocó a tal efecto a una comisaría de policía de Valencia en la tarde del viernes.