El Pleno aprueba la cuenta general de 2008 a pesar de los 2,2 millones en facturas sin contrato

Según la oposición, la Cuenta General de 2008 registra los abonos de estos 2,2 millones mediante reconocimientos extrajudiciales de crédito. Esta es una práctica habitual -según ULEG- que contó con 108 informes contrarios de la Intervención municipal.

En este sentido, el portavoz del independiente 'Unión por Leganés' (ULEG), Carlos Delgado, alertó de que esta situación podría derivar en la petición de "responsabilidades patrimoniales". Además declaró que supone un "claro perjuicio a los intereses generales" y un trato diferente a las empresas interesadas en contratar con el Consistorio. De hecho, recordó que el Ayuntamiento mantuvo más de dos años, desde 2007, servicios de mantenimiento prestados por compañías privadas "sin ningún tipo de contrato".

Por su parte, el concejal de Hacienda, Antonio García, respondió a estas críticas. Así, dijo que esta práctica "está recogida en la normativa" y que es algo a lo que recurre el Consistorio leganense al igual que los otros 8.000 ayuntamientos del país porque -según alegó- esto "posibilita pagar a las empresas el trabajo que han realizado".

Contrariamente, el portavoz del Partido Popular, Jesús Gómez, afirmó que el recurso a los reconocimientos extrajudiciales de crédito debe limitarse a "casos excecpionales", no para sustituir al procedimiento habitual o para "ir trapicheando", según afirmó.

Presupuesto de 2008
El edil popular aseguró que, en el capítulo de inversiones del Presupuesto de 2008, sólo se ha ejecutado el 40 por ciento de la partida. "Se han de dejado de ejecutar 60 millones del presupuesto", explicó el popular. Por su parte, el concejal de Hacienda negó estos datos y dijo que, según Secretaria, el porcentaje alcanza el 90 por ciento.

Por otra parte, la concejala de Nuevas Tecnologías, Ana Masó, aseguró este martes que el Ayuntamiento lleva nueve meses sin publicar en formato digital las actas de la Junta de Gobierno. Esto fue una recomendación de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, que aconsejó no hacerlas públicas para proteger datos de terceros.