Una vez transcurrido dicho plazo, asegura Europa Press, y si el fondo del asunto todavía no ha sido resuelto, el Constitucional deberá revisar la suspensión y decidir si la mantiene. El Gobierno entra de lleno en el conflicto político y jurídico de Caja Madrid y lo hace para recurrir la ley de Esperanza Aguirre, que será llevada ante el Tribunal Constitucional por no ajustarse a la ley estatal de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros.
La vicepresidenta del Gobierno,
María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Economía,
Pedro Solbes, comparecieron al unísono este viernes del Consejo de Ministros para explicar la decisión. Ésta se basa en que el artículo 28 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas -
salida no sin polémica de la Asamblea de Madrid- es inconstitucional, ya que propone para Caja Madrid un sistema de representación distinto al que establece la LORCA. En la práctica, supone una infravaloración de la representación que debe tener el Ayuntamiento de Madrid en función de su población y las oficinas que la caja tiene en su territorio. Eso, en favor de municipios más pequeños controlados por
Esperanza Aguirre.
Así lo establece el
informe que se encargó al Consejo de Estado cuando estalló la polémica y que, apuntó Solbes, recomienda "de forma tajante" actuar por haber "fundamentos jurídicos suficientes" para que el Constitucional dé la razón al Estado. El ex presidente de la Comunidad de Madrid,
Joaquín Leguina, fue más gráfico este viernes: aseguró que las normas de Aguirre y las anteriores de Gallardón "se pasan por el arco del triunfo" la ley nacional.
En la práctica, el recurso que interpondrá la Abogacía del Estado podría suspender el proceso electoral de Caja Madrid durante 5 meses. La Comunidad de Madrid insiste en que lo único que se puede hacer es "cumplir la ley" salida constitucionalmente del órgano soberano correspondiente, la Asamblea de Madrid, pero a pesar de ello ya había comenzado a negociar con las partes implicadas en la caja para no tener que imponer los estatutos que han rechazado la Asamblea General de la entidad. Para el Ayuntamiento, que se felicita por la intervención del Estado, supone que se le está dando la razón en sus demandas, según el vicealcalde
Manuel Cobo.
Posición controvertida del PSM
El recurso llega justo cuando la Comunidad de Madrid ya se había reunido con CCOO y UGT
con resultados aparentemente satisfactorios y había emplazado al líder de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez, a una reunión para la semana próxima. Paradójicamente, la dirección del PSM no era partidaria de recurrir (aseguraron a
Madridiario que la ley debe cumplirse aunque las formas con que se quiere implantar sean condenables) porque la normativa ha salido legalmente de la Asamblea. De hecho, se abstuvieron en la votación que se realizó en la Cámara, lo que provocó disensiones internas en la propia formación. Una parte de los socialistas madrileños criticó que Tomás Gómez fuera demasiado tibio y no rechazase de plano los planteamientos de Esperanza Aguirre.
La dirección nacional del partido, desde el Gobierno, apoyó a Gómez -que ha calificado el recurso como "lógico" porque atenta contra una normativa superior- pero ahora ha decidido dar un golpe de mano a una situación que ya se ha judicializado y que llegaba a un punto de no retorno por el rechazo rotundo de la Asamblea General de Caja Madrid a los estatutos. La Comunidad aún tiene 20 días para imponer el texto por vía orden de la Consejería de Economía, pero, de llegar a este punto, debería enfrentarse a una ola de recursos planteadas por las partes que más representación perdían en la cuarta entidad financiera del país.
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