Según han confirmado a Madridiario los distintos sectores con representación en Caja Madrid, hay al menos siete recursos jurídicos listos para presentarse y varios más en cola. Dos de los textos incluso ya están redactados y a la espera de que el consejero de Economía, Antonio Beteta, dicte la orden de imposición como órgano tutelante para la que tiene tras la Asamblea de este lunes un plazo de 30 días. El Ejecutivo regional insiste en que si el TSJM no suspendió el proceso de aprobación es porque su ley es "constitucional", pero el presidente de la patronal de Cajas de Ahorros, Juan Ramón Quintás, denunció este mismo martes que Caja Madrid está sufriendo "el intervencionismo público más descarado que recuerdo en los 26 años que llevo en el sector", una "prostitución del modelo". El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, respondió que "no hay nada de intervencionista en que los poderes públicos velen por el cumplimiento de la Ley".
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De los recursos en ciernes, dos corresponden al sindicato CCOO y a los impositores; otros dos, anunciados este mismo martes, pertenecen a los ayuntamientos de IU de Rivas y San Fernando de Henares; uno más es el que ha anunciado el Ayuntamiento de Madrid; y detrás de estos vienen los de consistorios socialistas de otras ciudades españolas como Málaga o Sevilla, que con la nueva ley perderían su actual representación y que plantarán cara a pesar de que el Partido Socialista de Madrid descarta hacerlo.
Según explicaron a Madridiario los portavoces del mismo, prefieren que "se cumpla ley" que salió constitucionalmente de la Asamblea de Madrid a pesar de que el fondo y las formas no guste. Lo contrario, creen, sería cuestionar la soberanía de la Cámara autonómica (como también ha recalcado Esperanza Aguirre y conceden los perjudicados) aunque no esconden que evitar un nuevo mandato de Miguel Blesa también esté entre sus motivos.
Además de los citados, existen por otra parte la denuncia por prevaricación de IU contra los miembros 'aguirristas' de la comisión de control de la caja; el expediente contra los 'gallardonistas' Fernando Serrano y Jesús Gómez-Castañeda; y la impugnación por parte de los impositores de la Asamblea General en la que se inició el proceso electoral. Todo un cruce de demandas.
Más perjudicados que Gallardón
Entre los que se sienten perjudicados por la legislación salida de la Asamblea de Madrid no está por tanto únicamente la corporación que encabeza el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.
La lista de posibles damnificados es larga, como demuestra, según las fuentes consultadas, la propia composición de la Asamblea General. En la misma se encuentran los partidos políticos y sindicatos madrileños, pero también los propios trabajadores de toda la geografía nacional, otros ayuntamientos españoles y formaciones como Convergencia i Unió o Iniciativa per Catalunya, que tampoco quieren ver cómo su representación se reduce a cero y pasa a manos de los ayuntamientos madrileños, la mayoría controlados por el PP de Madrid.
Entre esta coral de miembros hay muchos decepcionados con la abstención que consideran 'calculada' del Partido Socialista de Madrid. Recuerdan que Tomás Gómez intentó pactar la salida de Blesa con Esperanza Aguirre, pero recalcan que, en la votación de este lunes, sus votos (51 abstenciones) sumados a los del PP (87) no habrían logrado la mayoría de dos tercios necesaria frente a los 157 'noes' (incluidos los de los 'gallardonistas'). De haberse alineado Tomás Gómez con la presidenta, la votación habría sido un "fracaso" muy notable. De hecho, recalcan, al menos 9 representantes del PSOE votaron 'no' a los estatutos, poniendo en cuestión la posición del partido, lo que pone la resolución del conflicto aún más complicada.
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