El consejero de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela, remitió este martes una carta al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pidiéndole que "autorice el inicio de conversaciones a nivel técnico y político, con los interlocutores que designe", para negociar con la Comunidad de Madrid la cesión de los terrenos donde se asienta la antigua cárcel de Carabanchel y que la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, se ha comprometido a destinar a la construcción de un hospital público en caso de ganar las elecciones del próximo 27 de mayo.
En la misiva Lamela reconoce que el proyecto "no podrá salir adelante sin la conformidad y la colaboración" del departamento que dirige Rubalcaba, puesto que tiene la titularidad del suelo donde está la prisión.
El hospital planeado por Sanidad en ese punto de la ciudad beneficiaría a más de 240.000 vecinos de Latina y Carabanchel, dos distritos que, además, verán reforzada su atención sanitaria especializada gracias al acuerdo que ha ultimado el departamento autonómico con Defensa para que el hospital militar Gómez Ulla pase a ser centro de referencia de más de 100.000 civiles de esta zona desde el 1 de enero de 2008.
En la carta remitida a Rubalcaba, el consejero de Sanidad y Consumo hace hincapié en que el lugar donde se asienta la antigua cárcel de Carabanchel está muy bien comunicada y tiene "una magnífica accesibilidad por transporte público". Además, llama la atención sobre la ventaja de que "los terrenos ya tienen calificación urbanística de 'dotacional'", lo que "agilizaría mucho la tramitación administrativa de los expedientes".
Precisamente, el director general de Atención al Paciente y Relaciones Institucionales de la Consejería de Sanidad y Consumo, Jorge Fernández Ordás, reconoció hoy a Europa Press que la titularidad de los terrenos donde se asienta la antigua cárcel de Carabanchel es de Interior y, por lo tanto, el Gobierno regional está "a expensas" de lo que el departamento estatal "decida al respecto".
En su opinión, el hospital que el PP pretende construir en ese punto de la capital será "necesario sobre todo a medio plazo", dentro de "cuatro o cinco años", con vistas al elevado crecimiento poblacional que generarán el PAU de Carabanchel y las futuras viviendas de la Operación Campamento.
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