El Gobierno regional anunció este jueves un recurso contra el Plan Estatal de Vivienda y Suelo por considerar que invade sus competencias y elimina el derecho de propiedad en vivienda pública. De esta manera, este plan se suma a listas de normas nacionales cuestionadas por Aguirre ante los tribunales, como la de Biodiversidad, la del Suelo o la de Hidrocarburos.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad decidió este jueves iniciar los trámites para recurrir el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Según explicó el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, "las competencias en materia de vivienda son exclusivas de las comunidades autónomas y el decreto estatal pretende condicionar las políticas de vivienda protegida de las comunidades".
Además de esta cuestión, que suele estar presente en todos los recursos de la Comunidad a las normas estatales y que el Gobierno central justifica alegando que tiene competencias en las cuestiones económicas, la Comunidad se opone, principalmente a dos aspectos del plan estatal. Se trata del concepto de propiedad de las viviendas y la creación de una lista única de demandantes, como
ya explicó la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Territorio, Ana Isabel Mariño.
La Comunidad considera que el decreto "convierte el derecho de propiedad de una vivienda protegida en un derecho de uso y disfrute de los propietarios, que se convertirían en meros usuarios pese al esfuerzo bancario realizado", ya que establece que no se pueden descalificar las viviendas, como sucede ahora, para su venta si están construidas sobre suelo público.
González indicó que el nuevo Plan Estatal de Vivienda impone la obligación de vender las viviendas protegidas solo a aquellas personas que estén en un registro público de personas solicitantes. "Con lo cual no se le permite dejarla a sus hijos o a sus familiares en herencia, sino que obligatoriamente sólo puede disponer de ella a favor de ese registro", lamentó
Por su parte, el Ministerio dirigido por Beatriz Corredor defendió que "es de justicia social que las viviendas edificadas con el esfuerzo de todos los españoles puedan estar el mayor tiempo posible a disposición de los ciudadanos".
El Gobierno de Madrid también se opone a la creación del listado único de solicitantes de vivienda protegida, exigido por el decreto estatal con el fin de evitar el fraude. Sin embargo, la Comunidad considera que "sería ineficaz y que la estructura burocrática que ocasionaría tendría un alto coste". La Consejería de Vivienda propone reforzar los instrumentos ya existentes para el control del fraude.
La Comunidad ya había presentado estas quejas durante el periodo de alegaciones. Y, ahora, tras ser aprobado el plan sin sus recomendaciones presentará un requerimiento de incompetencia ante el Ministerio de Presidencia, como paso previo al recurso ante el Tribunal Constitucional.
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