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La operación Gürtel se cobra las primeras dimisiones políticas del PP

La operación Gürtel se cobra las primeras dimisiones políticas del PP

Por MDO
martes 10 de febrero de 2009, 00:00h
El consejero de Deportes, Alberto López Viejo; el gerente del Mercado Puerta de Toledo, Guillermo Ortega; el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero; y María Jesús Díaz, número 2 del PP en las elecciones en Boadilla, han presentado las primeras dimisiones políticas de la operación Gürtel.
Suma y sigue. La operación Gürtel ya se ha cobrado sus primeras dimisiones políticas del Partido Popular. Alberto López Viejo, Guillermo Ortega, Arturo González Panero, María Jesús Díaz... En una rueda de prensa improvisada Aguirre declaró el lunes que las dimisiones del consejero de Deportes y el gerente del Mercado Puerta de Toledo no suponían ninguna implicación penal en el proceso abierto por Baltasar Garzón.

Aguirre manifestó desconocer las empresas que están siendo investigadas por Garzón ni la cantidad de dinero que podrían haber recibido de la Comunidad e indicó que López Viejo "no ha hecho nada ilegal ni irregular". La presidenta apuntó que, según se le había informado, Special Events sólo organizó el congreso en el que ella fue elegida por primera vez presidenta regional del PP y que, al menos con este nombre, dicha empresa dejó de trabajar para la Comunidad. La presidenta aseguró que no tenía constancia de que López Viejo figure en las cintas grabadas por el juez y remitió a los periodistas a Garzón para confirmarlo.

Sobre la dimisión de Guillermo Ortega como gerente del Mercado Puerta de Toledo, la  presidenta indicó que cuando Ortega era alcalde de Majadahonda se vendió una parcela por 60 millones más de lo que estaba previsto que "todo apunta a que  iba a ser adjudicada a una de estas empresas investigadas". El actual alcalde, Narciso de Foxá, también del PP, paralizó la adjudicación de esta parcela y la concesión de la oficina de Atención al Ciudadano que también había sido encargada a una de estas empresas.

La operación Gürtel también llegó a Boadilla del Monte. El hasta ahora alcalde de esta localidad, Arturo González Panero, decidió el lunes dejar la Alcaldía y el Partido Popular. Esta decisión se conoció tras la reunión que mantuvo por la tarde con el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y con todos los ediles de Boadilla del Monte en la sede popular de la calle de Génova de Madrid. Al término de la misma, Granados dijo que González Panero había decidido hacer efectiva su dimisión este mismo martes y que de igual forma actuaría María Jesús Díaz, quien ocupó el puesto número 2 del PP en este municipio en las elecciones locales pasadas.

Benjamín Martín Vasco
Otra de las posibles víctimas de esta operación puede ser el presidente de la comisión de investigación sobre el espionaje de la Asamblea de Madrid, el 'popular' Benjamín Martín Vasco. Este martes se supo que Isabel Jordán, una de las detenidas en el marco de la Operación Gürtel, afirmó en las grabaciones en poder del juez Baltasar Garzón, que Martín Vasco, cobró 30.000 euros del entramado de empresas de Francisco Correa.

Horas después de hacerse pública esta información, el PSOE e Izquierda Unida pidieron sustituir a Martín Vasco como presidente de la comisión de investigación. El secretario general del PSM, Tomás Gómez, pidió cambiar  a Martín Vasco porque "no se puede poner a la zorra a cuidar el gallinero". Por su parte, el Grupo Parlamentario de IU reclamó la dimisión de Benjamín Martín Vasco y su recusación como miembro de la misma por "presunta implicación en la operación Gürtel".

Por su parte, el portavoz del PP, David Pérez, incidió, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces en la Asamblea de Madrid, en la "presunción de inocencia" de Martín Vasco y dijo que ahora lo que hace el presidente de la comisión es trabajar en "esclarecer la acusación que es falsa" y en demostrarlo.

"En este momento es el presidente y en lo que está trabajando es en que se esclarezca la acusación", señaló, al tiempo que destacó que va a recurrir a las medidas a su alcance, incluidas las judiciales, para esclarecer lo ocurrido. Además, reseñó que se trata de una "acusación falsa".

Tras las críticas de la oposición a la falta de tiempo para las comparecencias en la comisión, el grupo parlamentario popular registró este martes la petición de ampliación del plazo de los trabajos de la comisión de investigación hasta el 31 de marzo, un mes después de la fecha de finalización establecida en origen del 28 de febrero.

No obstante, la oposición criticó el "silencio" de los populares  respecto a sus peticiones de comparecientes. La portavoz del PSOE en la Cámara, Maru Menéndez, destacó que si no hubiera respuesta y permaneciera el "bloqueo de la comisión de investigación" recurrirán al amparo del Tribunal Constitucional.

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha prorrogado -a petición de las dos representantes de la Fiscalía Anticorrupción, Myriam Segura y Concha Sabadell- el plazo de detención del empresario Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez hasta el próximo miércoles a las cinco y media de la tarde con objeto de practicar unas diligencias solicitadas por el Ministerio Público, que han sido declaradas secretas.

El magistrado, que tomó durante la jornada del lunes declaración a los tres detenidos, no llegó a celebrar las vistillas del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por las que se decretan medidas cautelares que pueden ir desde la prisión provisional hasta la imposición de comparencias quincenales o semanales. Por ello, el miércoles retomará las comparencias y decidirá sobre la situación de los arrestados.

La trama se extiende a otras provincias españolas
Álvaro Pérez Alonso, presidente de Orange Market, fue detenido el lunes por la noche en Valencia por orden del juez Baltasar Garzón en el marco de la  operación Gürtel. La detención de Álvaro Pérez se produjo después de que fuera registrada la sede de Orange Market en Valencia y se obtuvieran numerosos contratos del PP valenciano y de la Comunidad Valenciana, entre ellos los stand de Fitur.

Ante estos sucesos, Mariano Rajoy ha ordenado al Comité Nacional de Derechos y Garantías de su partido que abra una investigación interna sobre la presunta trama de corrupción destapada por el juez Baltasar Garzón. El PP también solicitará su personación como acusación particular en el sumario que se sigue en el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional.

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