El PSM pide la negociación de los convenios de atención a dependientes

Menéndez hizo en Alcorcón, a la que también acudieron el alcalde del municipio y senador del PSOE, Enrique Cascallana; la diputada regional Pilar Sánchez Acera, la secretaria de Políticas Sociales del PSM, Carmen Sánchez Carazo y las concejalas de Servicios Sociales de los Ayuntamientos de Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Parla, Aranjuez, Collado Villalba y Alcorcón.

A juicio de los socialistas, el Ejecutivo autonómico está "obstaculizando" la aplicación de la Ley de Dependencia en la región desde hace dos años, lo que demuestra la "ausencia total de compromiso del Ejecutivo de Esperanza Aguirre con la ciudadanía", según Maru Menéndez.

La paralización de la ley, según la portavoz socialista en la Asamblea, se debe a una "decisión política de bloquear sistemáticamente todo lo que viene del Gobierno de España", una actitud que calificó de "irresponsable" porque "nos deja a los madrileños como españoles de segunda" y demuestra una "incompetencia profunda en la gestión de la Comunidad de Madrid".

La urgencia de negociar los convenios de servicios sociales, según Menéndez, está justificada por el reciente anuncio del Gobierno de España, que va a incorporar una financiación adicional de 400 millones de euros, que llegarán a las comunidades autónomas "antes de dos meses" y de los cuales corresponden 38 millones de euros a la Comunidad de Madrid.

Esta partida, que debe ser "finalista", se sumaría "a los 117 millones de euros que aporta el Gobierno para la atención a la dependencia en el presupuesto de la Comunidad de Madrid durante 2009".

A pesar de la transferencia de estos fondos estatales, el PSM critica que los convenios de servicios sociales están "congelados por segundo año", porque "lo que no es posible es que los ayuntamientos tengan que poner recursos extraordinarios para garantizar el derecho a la dependencia".

A este respecto, el alcalde de Alcorcón puntualizó que su Ayuntamiento ha invertido tres millones de euros en los dos últimos años en competencias que tenían que estar recogidas en la Ley, "es decir, que estamos financiando a la presidenta de la Comunidad de Madrid", aseveró.

Asimismo, Cascallana criticó la "falta de transparencia" en el desarrollo de la Ley, ya que los servicios sociales del municipio han tramitado 1.100 solicitudes para recibir las prestaciones "y no hay información sobre el estado de esos expedientes", lo que ha provocado que algunos demandantes "hayan fallecido sin disponer de la aplicación de la ley".