Arrecia la polémica sobre la Ley de Dependencia

Después de un año de aplicación más teórica que práctica de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid, en enero la oposición y los sindicatos recordaban que no sólo 2008 debía traer consigo la aplicación de la ley a más dependientes, sino que Madrid llegaba a esta segunda fase con los deberes sin hacer.

Algunos, como el portavoz socialista de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de la capital, Pedro Zerolo, llegaron a afirmar que "Madrid está boicoteando la Ley de Dependencia". El PP, por su parte, replicó que Aguirre invertía "tres veces más que Zapatero" en la atención a la dependencia. La polémica arreció en los tres primeros meses del año, avivada por la campaña electoral de las elecciones generales.

Solo en el Ayuntamiento de la capital, en febrero había 3.000 expedientes de solicitud del reconocimiento de la situación de dependencia atascados, según IU por falta de personal y de medios. En noviembre de 2007, la Comunidad había decidido que serían los servicios sociales municipales los encargados de recoger las solicitudes y la documentación y de elaborar los informes de entorno de los ciudadanos que lo pidiesen, algo que, a pesar de la "falta de información" a la que aludía la oposición, ocasionó un atasco en los Ayuntamientos. En abril, el Ayuntamiento creó un departamento específico en el área de Familia y Servicios Sociales para agilizar todos estos trámites.

Poco a poco, a medida que iba avanzando 2008, iban llegando más y más expedientes a la Consejería de Familia, la siguiente fase del proceso, para el reconocimiento o no de la situación de dependencia y elaboración del programa de atención individual. Para poder aplicar la ley, resultaba necesario que el Gobiernio regional regulase el catálogo de prestaciones para las personas dependientes, algo que finalmente hizo el 22 de mayo.

Polémica con los sindicatos
Pocos días después, estalló de nuevo la polémica, esta vez con los sindicatos, que denunciaron que todavía no había ningún madrileño que estuviera recibiendo las prestaciones recogidas por la ley. La entonces consejera de Familia y Servicios Sociales, Gádor Ongil, replicó que Madrid estaba "cumpliendo escrupulosamente" la norma y que los dependientes madrileños ya estaban atendidos antes de su promulgación. A mediados de junio, los habitantes de la capital que  había presentado la solicitud de baremación ascendían ya a 19.000, 15.000 de las cuales se encontraban ya en poder del Gobierno regional. Según UGT, en la región, todo este proceso administrativo tarda un año en completarse.

La nueva consejera del ramo, Engracia Hidalgo, aseguró en junio que Madrid se había quedado con tres millones de euros menos para la dependencia, refiriéndose a la parte aportada por el Estado a las comunidades autónomas.

En septiembre, ante las polémicas y los retrasos, numerosos pensionistas y jubilados se concentraron en la Puerta del Sol para exigir a las Administraciones la aplicación inmediata de la ley.

Dos meses después, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte alertaba de que ningún cuidador madrileño estaba recibiendo las prestaciones que le reconoce la ley, a pesar de que sí lo estaban haciendo otros 91.000, todos ellos de otras comunidades autónomas. A finales de noviembre, la aplicación de la norma ya era seis veces menor en Madrid que en el resto de las regiones, con casi 28.000 solicitudes presentadas solo en la capital.