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Despedidos los vigilantes agresores de Metro

Despedidos los vigilantes agresores de Metro

lunes 31 de marzo de 2008, 00:00h
La empresa Prosegur despidió a varios vigilantes de seguridad que trabajaban en Metro de Madrid por dos agresiones grabadas en vídeo  que, pese a producirse en 2007, fueron difundidas en varios medios de comunicación en abril de 2008. El entonces consejero de Transportes e Infraestructuras, Manuel Lamela, aseguró que la Comunidad depuraría responsabilidades cuando finalizara la investigación judicial.
En el primer vídeo se podía ver como varios vigilantes insultan y pegan a un hombre al que se le pide el billete. En la segunda grabación la agresión la lleva a cabo un vigilante que insulta y pega en la cabeza a un joven.

La constancia de estos hechos provocó reacciones de todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. El diputado regional y portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Transportes, Fausto Fernández, consideró "muy grave" que se produjeran ese tipo de agresiones pero más grave todavía que Metro lo supiera y no denunciara "los hechos a la Policía como es su obligación".

Por su parte, la Comisión de Seguridad del Comité de Empresa de Metro de Madrid acusó a la Dirección y a las contratas de vigilancia el permitir que "ciertos individuos con una profesionalidad más que dudosa cometan tamañas fechorías".

Prosegur finalmente presentó una denuncia ante los juzgados de Intrucción de Madrid: "La empresa es la primera interesada en esclarecer estos hechos que no pueden empañar la profesionalidad y la buena labor de los casi 20.000 vigilantes de nuestra plantilla", afirmaron en un comunicado.

Tras esta polémica, la Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada mostró temor por la seguridad de este tipo de empleados, que podrían sufrir agresiones debido a la unión entre el alcohol, bandas callejeras, movimientos antifascistas radicales y una personalización del escándalo tras la aparición de las imágenes.

La Federación Panafricanista en España aseguró por su parte que las agresiones a inmigrantes de vigilantes de seguridad o guardias jurados no son "hechos aislados" sino un "constante abuso de autoridad manifiesta".
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