Cierre 'light' del 'caso Funeraria'

Los ex concejales Simón Viñals y Antonio Moreno fueron absueltos de los delitos de maquinaciones, prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La Sala también exoneró a Ignacio Rodrigo y a los hermanos Juan Antonio y Angel Valdivia de varios delitos, entre ellos contra la Hacienda Pública por haber prescrito.

El procedimiento judicial se remontaba al pleno municipal celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a la empresa Funespaña. La sentencia subrayaba que Rodrigo y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia consiguieron mediante su influencia en el Ayuntamiento de Madrid adjudicarse el 49 por ciento del capital de la funeraria municipal y su "gestión por el precio de 100 pesetas, asegurándose además, el cobro del 20 por ciento de los beneficios antes de impuestos que aquella generara". La sentencia concluye que Funespaña debió pagar 1.236 millones de pesetas si se hubieran hecho los controles necesarios.

Inhabilitaciones
La Fiscalía de Madrid solicitaba para los ex ediles cuatro años y diez meses de prisión, así como 24 años de inhabilitación para ejercer como cargo público. Rodrigo y los Valdivia se enfrentaban a una pena de 18 años y siete meses por un amplio abanico de delitos. El Ministerio público acusaba a Huete, Piñal y Moreno de hacer caso omiso de las advertencias del interventor municipal en contra de la adjudicación del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña.

El único condenado Luis Martía Huete, que era teniente de alcalde cuando se produjo la venta de la funeraria, tendrá que pagar además una setenta y dosava parte de los costes del juicio. Tanto su abogado como los de la acusación particular realizada por Izquierda Unida y por el Partido Socialista han anunciado que presentarán un ecurso de casación en los cinco días que para ello ha dado la Sala. El Grupo Municipal Socialista anunció que recurriría e Izquierda Unida explicó que la decisión judicial sentaba un pésimo precedente, ya que abre la posibilidad de que se puedan regalar empresas públicas rentables al sector privado. El comité de empresa de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid pidió al Ayuntamiento de Madrid que recuperase el 49 por ciento del capital de la compañía por cien pesetas, el mismo precio por la que vendió en 1992 a Funespaña.

Polémica en el Pleno
El Ayuntamiento de Madrid realizó un Pleno Extraordinario a petición de los grupos de la oposición. En el encuentro plenario el grupo municipal popular rechazó las enmiendas propuestas del 'caso Funeraria' de PSOE e IU. Se escudó en la gestión, las sentencias judiciales y los beneficios obtenidos para descartar las peticiones de la oposición.

Los ediles de Izquierda Unida, de luto riguroso, pretendían conseguir que se resolviese el contrato del consejero gerente de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSF) y presidente de Funespaña, Juan Antonio Valdivia; la suspensión cautelar de la retribución a Funespaña del 20 por ciento de los beneficios; la recapitalización de la empresa destinando los beneficios anuales a incrementar las reservas voluntarias; el estudio del rescate del 49 por ciento de las acciones de la empresa; y el compromiso de no iniciar procesos de privatización de la empresa.

El Grupo Municipal Socialista pidió la rescisión del contrato de gestión de Funespaña con la Empresa Mixta y que el Ayuntamiento de Madrid recupere el 49 por ciento de las acciones transmitidas para que la funeraria madrileña sea íntegramente de capital municipal. Además solicitó instar a Funespaña a desplazar del consejo de administración y de los cargos de responsabilidad de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios a sus actuales representantes después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya considerado probados diferentes delitos (contra ellos), aunque hayan prescrito.

Punto por punto, el delegado de Seguridad, Pedro Calvo, alegó que el Gobierno municipal no es parte en el proceso y que se debe esperar a que la sentencia sobre el proceso de EMSF sea firma para tomar decisiones. Negó que en la venta de acciones de la Funeraria se produjeron "defectos formales" basándose en la sentencia de la Audiencia Provincial.

Recordó que en enero de 2006 el Ayuntamiento terminó de recibir los 2.274 millones de pesetas que le adeudaba Funespaña y que, desde 1993 a 2006 ha recibido 3.600 millones en dividendos. También se basó en la sentencia para restar importancia la actuación de José Ignacio Rodrigo, ex-presidente de la EMSF.

El edil defendió que los delitos se cometieron en Funespaña y no en la Empresa Mixta, es decir, sin relación con el ente público. Acusó además a la oposición de que no se personasen en este delito. Indicó por tanto, que el despido de Valdivia se debía a un "reproche moral".

Valoró además los beneficios de la EMSF en estos 16 años de gestión y recordó que se ha eliminado la deuda, se ha recuperado el dinero que se le debía al Consistorio y se ha aumentado la efectividad de la empresa. En cuanto a la suspensión de la retribución, Calvo indicó que no se puede realizar esa acción "por un reproche al haber cometido un ilícito fiscal en Funespaña". Aconsejó, por otra parte, que se esperase a la resolución del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La recapitalización la desestimó porque, según Calvo, "no está descapitalizada". Aseguró que la EMSF cuenta con un capital social de 2.061.970,90 euros, una reserva legal de 412.402,49, otra estatutaria de más de 600.000 y otra voluntaria de 42.031.051,77 euros. El edil avanzó que se está llevando a cabo un estudio financiero y jurídico para contemplar los escenarios derivados de la Sentencia del Tribunal Supremo y estudiar la posibilidad de recuperación o no de las acciones.