El PP frena que el Congreso debata sobre la sanidad madrileña

Este criterio, expuesto en rueda de prensa por el secretario general del Grupo Popular, José Luis Ayllón, fue defendido por los representantes del PP en la Mesa del Congreso cuando se debía decidir la tramitación de la proposición no de ley de IU.

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, avanzó el pasado viernes su intención de trasladar al Congreso la polémica por la cogestión de los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid.

En su iniciativa se pedía al Gobierno que, en el marco de sus competencias como garante del servicio público de salud, estudien la "incompatibilidad" con la Constitución y con la Ley General de Sanidad que supone la concesión de la gestión de hospitales y centros de salud de la Comunidad a empresas privadas. También desean que el Defensor del Pueblo recurra estas prácticas ante el Constitucional.

A la espera
El órgano de gobierno de la Cámara Baja optó finalmente por congelar la iniciativa a la espera de que el presidente de la Cámara, José Bono, sondee a Izquierda Unida sobre su intención con esa propuesta. El caso podría resolverse con una cierta reformulación del texto, según aseguraron fuentes de la Mesa del Congreso.

En cualquier caso, Llamazares ya había asegurado en rueda de prensa que su propuesta no es una iniciativa regional ya que están "defendiendo unas competencias estatales" ante las que el Gobierno y el ministro del ramo, Bernat Soria, "no pueden quedarse de brazos cruzados sino intervenir para reponer un derecho de todos los ciudadanos".

Nueva ley sanitaria
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó este martes que una parte de la financiación autonómica se destinará en la nueva ley a garantizar el acceso de los ciudadanos a la sanidad ya que se trata de un "derecho básico".

La responsable del Ejecutivo estatal afirmó que el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, y ella están "absolutamente de acuerdo en lo que dice la ley", es decir, "autonomía financiera de las comunidades que tienen que ser responsables, pero al mismo tiempo, garantía de los derechos básicos de los ciudadanos tal y como establecen los estatutos de autonomía".

La vicepresidenta explicó que existe "un principio de autonomía financiera que significa que las comunidades autónomas tienen siempre un marco para decidir donde invierten". En este punto, apuntó que la Comunitat Valenciana es "la que menos invierte en sanidad" junto con la de Madrid, apostilló.

Indicó que la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) habla, aunque en términos "muy abstractos y genéricos", de la adscripción de "determinados fondos provinientes del Estado a determinadas políticas", en tanto que en la actualidad, la mayoría de los estatutos de autonomía "establecen que las transferencias que hagan las inversiones del Estado, derivadas del sistema de financiación, tienen la obligación de garantizar el acceso de los ciudadanos a los derechos básicos, entre los que es encuentra la sanidad".