Un proyecto muy dudoso

La Presidenta de la Comunidad de Madrid anunciaba su intención de privatizar el Canal de Isabel II, durante el Debate del estado de la Región que la semana pasada tenía lugar en la Asamblea de Madrid.  Ante tal proyecto, las reacciones contrarias no se hicieron esperar: alcaldes de diferentes municipios, incluido el de Madrid, organizaciones sindicales, ciudadanos y hasta los propios consejeros del Canal de Isabel II, que nos enterábamos de la noticia por los medios de comunicación, e indignados, manifestábamos nuestro desacuerdo con diferentes argumentos. Incluso Granados, número dos de Aguirre y Secretario General del PP de Madrid, se aventuraba a decir que si los municipios rescindían sus contratos, tendrían que dar marcha atrás en la privatización.  

El sistema que exponía la Presidenta para privatizar parte de la empresa pública que gestiona el ciclo integral del agua en la región, la reconvertiría en una sociedad anónima, para después sacar el 49 % de las acciones a la venta en el mercado de valores, asegurándose la Comunidad de Madrid el 51% del accionariado para controlar la toma de decisiones.

Según la administración regional, la nueva sociedad se encargará de la gestión del ciclo integral del agua, manteniendo, dice, su “carácter público”, pero mucho nos tememos que con el modelo de gestión propuesto, esto sea incompatible, ya que,  el proceso consiste en construir una sociedad a la que transferir todo el patrimonio del Canal y después dejarla en manos del mejor postor, según la información facilitada por Ildefonso de Miguel, Gerente del Canal, a los representantes de los trabajadores.

Está claro que las empresas candidatas con solvencia suficiente, como es el caso del Canal, no serán muchas si han de invertir los 5.000 millones de euros necesarios  para la adaptación a las nuevas regulaciones, tanto nacionales como europeas y afrontar los gastos que se derivan de las infraestructuras necesarias para ahorrar unos 10 hectómetros cúbicos/año. Además, han de ser capaces de crear la red paralela de agua potable para dotar a un millón de personas más.  Entendemos que cualquier empresa privada buscará el porcentaje de rentabilidad que compense con creces esta gran inversión que no se reduce sólo a los madrileños, como afirmó la Presidenta.

El proyecto presentado por la Presidenta nos sorprende por su carácter inconcreto. Es un proyecto harto dudoso en tres ámbitos: el político, el económico y el laboral:

Las repercusiones económicas que conllevaría, son tan importantes para toda la ciudadanía por los costes que esta privatización supondría a los consumidores de este bien público. De hecho, la incertidumbre se cierne sobre todos los usuarios, que se preguntan sobre quién, en realidad,  va a recaer el coste de estas inversiones. Mucho nos tememos que la privatización repercutiría en el bolsillo de todos los madrileños, que ya vieron incrementada su factura del agua por reiteración de los conceptos fijos al pasar la facturación de trimestral a bimestral. No entendemos cómo  si el Canal ha servido a la Comunidad para financiar proyectos externos al ámbito hidráulico, ahora, la administración decida desprenderse, al menos en parte, de este recurso económico que podría ayudar a reflotar la economía regional en este tiempo de crisis.

En el ámbito político-social este proyecto es dudoso e inquietante porque la envergadura del mismo requeriría un consenso previo con los partidos políticos y los agentes sociales que, obviamente no se ha buscado. Esta falta de consenso ya ha dado lugar al rechazo del proyecto por parte de ayuntamientos gobernados incluso por el propio Partido Popular. El Gobierno regional está cerrando las puertas a otras alternativas que, además de cumplir el objetivo de reforzar la economía, desarrollen políticas efectivas de consumo responsable y normativas eficaces para que el reciclaje del agua sea una realidad. La próxima construcción de dos embalses anunciada dentro del proyecto, no solucionaría la escasez de agua en el caso de continuas etapas de sequía, ya no sólo en nuestra región, sino en las cuencas que abastecen el consumo de los madrileños (Guadalajara y Ávila).

En el ámbito laboral, que me concierne como representante de los trabajadores,  se nos presenta una situación inesperada y preocupante. Los empleados públicos del Canal somos conscientes de la capacidad de esta empresa pública para adaptarse a las nuevas normativas y tecnologías. No comprendemos cómo después de servir como fuente de financiación, nuestra empresa no pueda costearse el desarrollo de los recursos necesarios para esta adaptación. La inquietud de los trabajadores es lógica porque si se lleva a cabo el proyecto, pasaremos a ser empleados de una sociedad o una empresa privada con la consiguiente pérdida de derechos y la muy probable pérdida de puestos de trabajo, como está ocurriendo con las privatizaciones en el sector sanitario. Nos preocupa que la gestión que se ha estado llevando a cabo por los trabajadores, ahora se eche por tierra sin ni siquiera consultarnos. Nos choca que, tras recibir premios de prestigio internacional a la Excelencia en Finanzas (Premio ASSET 2005 por el equilibrio financiero) se pretenda pasar a manos privadas una de las escasas empresas que ha funcionado como financiera para inyectar a los presupuestos de la Comunidad de Madrid cantidades ingentes que luego se han destinado a menesteres más que prescindibles.