Los vecinos de Batán critican el nuevo pavimento del Paseo de Extremadura

La asociación de vecinos Casa de Campo-Batán ha recordado que los vecinos del paseo de Extremadura llevan décadas soportando niveles de contaminación acústica que superan en casi treinta decibelios los índices máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y por la Ordenanza del ruido de la capital.

Esta situación, han afirmado, se ha complicado en los últimos años por el incremento del tráfico provocado por la "expansión de ciudades dormitorio" como San José de Valderas, Alcorcón, Móstoles y la construcción de centros comerciales que tienen accesos a través de la A-5.

Según señalan, a estas edificaciones se sumarán las 10.700 viviendas de la primera fase de la Operación Campamento, la creación de nuevos parques empresariales, la ciudad del Banco de Santander y el cuartel de la OTAN. A pesar del "impacto acústico", los vecinos han denunciado que ninguna administración ha adoptado medidas "de calado" para solucionar un problema que afecta a miles de familias -algunas de las cuales viven a dos metros escasos de distancia de la vía-, a seis colegios de la zona y a los ancianos de la residencia Montehermoso.

En esta línea el portavoz de los vecinos de Casa de Campo-Batán, Manuel Dorado ha criticado, además, que las obras de pavimentación que la pasada madrugada comenzó el Ayuntamiento en el tramo de la carretera comprendido entre la avenida de Portugal y la calle Ceferino Maeztu son "una tomadura de pelo" a los vecinos que cada día soportan el ruido y la contaminación atmosférica provocada de más de 160.000 coches y 2.000 autobuses.

El representante vecinal ha insistido en que el Ayuntamiento de Madrid "debe adoptar medidas de calado" para reducir las molestias generadas por el tráfico dentro de los márgenes establecidos por la ley y no pequeños "parches" como el pavimento antirruido. Los vecinos han recordado también que el Ministerio de Fomento cedió la gestión del paseo de Extremadura al Ayuntamiento de Madrid en 2004 y, por tanto, el Consistorio debe reducir la velocidad máxima permitida en la carretera a 50 kilómetros por hora, como establece la ley.