La madre de Sandra Palo, la joven discapacitada asesinada de forma salvaje por tres menores en 2003, y el entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia y Administraciones Públicas, Alfredo Prada, viajaron en febrero a Estrasburgo para pedir leyes más duras contra los menores que cometan delitos graves o muy graves.
Ya en enero, durante un acto que se celebró en la Puerta del Sol en homenaje a la joven asesinada, tanto María del Mar Bermúdez como Prada lamentaron que, "cinco años después, este caso no puede darse aún por concluido", ya que solo uno de los criminales continuaba en esa fecha encerrado en un centro penitenciario. Apenas unas semanas antes, a finales de diciembre de 2007, 'El Rafita', otro de los asesinos, había abandonado el centro de menores 'El Renasco' después de cuatro años de internamiento.

El mes de febrero, justo después de la celebración en Madrid del I Congreso Internacional de Justicia Juvenil, organizado por la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), fue elegido por Prada y Bermúdez para desplazarse a Estrasburgo para pedir a las autoridades europeas una legislación "más firme" contra los menores delincuentes. "Hicimos una petición para llevar el tema al Congreso de los Diputados y entregamos un millón de firmas, pero no nos hicieron caso, solo una pequeña modificación de la ley. Es lamentable que tengamos que ir a otro país para pedir que se resuelva la situación de aquí. Así y todo, me voy con mucha fe y esperanza", manifestó Bermúdez.
Por su parte, Prada abogó por rebajar la edad penal de los menores a los 12 años, "aunque solo para los delitos más graves", como el crimen de Sandra Palo. Actualmente, los menores de 14 años que cometan un delito en España son inimputables y solo se les puede imponer alguna medida educativa de carácter voluntario, pero no una con carácter judicial.

Así, los padres de Sandra Palo, acompañados por Prada, se entrevistaron con el presidente de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki. También fueron recibidos de forma inesperada por el presidente de la Cámara, Hans-Gert Pöttering, y los 24 parlamentarios españoles del Grupo Popular, encabezados por Jaime Mayor Oreja. Tras las reuniones, Bermúdez declaró sentirse "aliviada". "Pöttering nos ha escuchado y ha prometido hacer un informe a nivel europeo sobre la violencia juvenil". Por su parte, Prada dijo que "la situación de la justicia juvenil en los países de la Unión Europea podría mejorar si se aplicara una medida o perspectiva global que coordinara las diferentes legislaciones" e hizo hincapié en la "razón que asiste a los padres de Sandra Palo".
Finalmente, la petición de los progenitores de la joven fue admitida a trámite por el Parlamento Europeo. En concreto, ello supuso, según explicó el abogado de la familka, José María Garzón, la tramitación de una audición para que ambos puedan presentar ante los parlamentarios comunitarios su petición de unificar la normativa contra los menores infractores.
Meses más tarde, en mayo, la Comunidad de Madrid y la Asociación Sandra Palo, presidida por Bermúdez, firmaron un acuerdo para presionar en favor de un debate social y jurídico sobre la comisión de hechos graves por parte de los menores y su responsabilidad penal.