El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, ha advertido este martes de la situación "grave y dramática" que atraviesa el tribunal, especialmente en las jurisdicciones Civil y de Violencia sobre la Mujer, donde permanecen pendientes alrededor de 9.000 recursos, y ha denunciado el "maltrato institucional" del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tras la práctica desaparición de los planes de refuerzo.
Durante la presentación de la Memoria anual de la Audiencia, ha dirigido duras críticas al Ministerio de Justicia al asegurar que la reducción del 90% de los refuerzos judiciales —de veinte jueces se ha pasado a únicamente dos— ha situado al órgano en una situación de "absoluto colapso", con un impacto directo sobre miles de ciudadanos que aguardan la resolución de sus procedimientos. En la jurisdicción civil, los tiempos de espera llegan incluso a los siete años.
"La Justicia nunca ha sido una prioridad para ningún Gobierno. Pero en Madrid, estas decisiones suponen un maltrato", ha espetado el presidente de esta sede judicial.
La mayor inquietud del máximo responsable de la Audiencia se concentra en la jurisdicción Civil y Mercantil, el ámbito con mayor volumen de actividad del tribunal y que, como órgano de apelación, constituye el máximo escalón de esta jurisdicción en la Comunidad de Madrid, únicamente por debajo del Tribunal Supremo.
Según ha detallado, la litigiosidad ha registrado un incremento "exponencial" durante los últimos años, hasta elevar en 4,5 veces la carga de trabajo. Solo en 2025 se contabilizaron cerca de 80.000 recursos, lo que representa un aumento del 48,17 por ciento respecto al año precedente.
Este incremento obedece, principalmente, al elevado número de litigios vinculados al consumo y al derecho bancario, como las reclamaciones por cláusulas suelo, microcréditos o distintos productos financieros, además del notable crecimiento de los procedimientos monitorios, cuya cifra se ha incrementado un 200 por ciento.
"Hace cinco años el Ministerio aprobaba sin problemas los planes de refuerzo y ahora, alegando motivos presupuestarios, prácticamente los ha eliminado"
El presidente ha señalado que la consecuencia más evidente de esta sobrecarga es el aumento de los plazos de respuesta de la Audiencia. Mientras que en 2021 un recurso civil se resolvía, de media, en cinco meses, en la actualidad el tiempo de espera alcanza ya los ocho años, una situación que ha calificado de "alarmante".
Asimismo, ha recordado que en los últimos años la Presidencia promovió diversos planes de refuerzo para hacer frente a una litigiosidad que, según ha indicado, "no puede ser asumida por la planta judicial ordinaria". No obstante, ha lamentado que el Ministerio haya modificado por completo su criterio.
"Hace cinco años el Ministerio aprobaba sin problemas los planes de refuerzo y ahora, alegando motivos presupuestarios, prácticamente los ha eliminado", ha señalado. En este sentido, ha denunciado que los apoyos se han reducido un 90 por ciento y que actualmente la jurisdicción Civil solo cuenta con dos magistrados de refuerzo.
A su entender, esta decisión "condena a la Audiencia Provincial de Madrid al colapso absoluto", con importantes repercusiones sobre la tutela judicial efectiva de los ciudadanos en asuntos habituales como herencias, comunidades de propietarios, arrendamientos, defectos constructivos o conflictos bancarios.
"Los ciudadanos tienen derecho a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable y eso hoy no está garantizado", ha advertido, al tiempo que ha acusado al Ministerio de mantener una situación de "abandono y maltrato institucional" por motivos exclusivamente presupuestarios.
Violencia sobre la mujer: más de 9.000 recursos sin resolver
El presidente también ha expresado una especial inquietud por la situación que atraviesan las dos secciones especializadas en Violencia sobre la Mujer, cuya carga de trabajo se ha incrementado considerablemente tras la ampliación de competencias derivada de la nueva normativa.
Según ha explicado, ambas secciones ya soportaban una carga "elevadísima" y ahora deben asumir un importante volumen adicional de procedimientos especialmente sensibles y complejos. Como consecuencia, la Audiencia acumula ya más de 9.000 recursos pendientes en esta jurisdicción y el tiempo medio de resolución alcanza los dos años.
El presidente ha definido estas cifras como "inaceptables" y ha advertido de que resultan incompatibles con el discurso del Gobierno sobre la prioridad de la lucha contra la violencia contra la mujer.
"Si realmente es una prioridad, la respuesta judicial no puede demorarse dos años", ha venido a señalar, al insistir en que la situación actual impide ofrecer una tutela judicial adecuada en una materia especialmente sensible para las víctimas.
Por este motivo, ha solicitado al Ministerio no solo ampliar la planta judicial, sino también aprobar de forma "inmediata y urgente" nuevos planes de apoyo y refuerzo que permitan evitar el colapso tanto de la jurisdicción Civil como de la de Violencia sobre la Mujer.
Ámbito penal
En la jurisdicción penal, durante 2025 ingresaron 36.685 asuntos, un 6,19 por ciento más que el ejercicio anterior, mientras que se resolvieron 33.976 procedimientos, lo que supone un incremento del 5,16 por ciento. No obstante, los asuntos pendientes crecieron un 29,7 por ciento, al pasar de 9.360 a 12.141 expedientes.
En el orden civil, las secciones generales contabilizaron 44.948 asuntos en 2025 frente a los 32.418 registrados el año anterior, mientras que la pendencia se incrementó un 47,45 por ciento.
Especial preocupación suscita la situación de la Sección 25 bis, especializada en condiciones generales de contratación, que finalizó el ejercicio con 35.825 asuntos pendientes después de recibir 20.646 nuevos recursos y resolver únicamente 1.419.
La Memoria concluye que el sistema judicial no dispone actualmente de medios suficientes para absorber este volumen de litigios y plantea que parte de la solución pasa por impulsar mecanismos alternativos de resolución de conflictos entre entidades financieras y grandes litigantes.
Ante este panorama, la Audiencia Provincial solicita la incorporación de doce nuevos magistrados para las secciones penales y nueve para las civiles, además de mantener los refuerzos actualmente en funcionamiento y crear nuevas secciones especializadas para hacer frente a las nuevas competencias en violencia sobre la mujer y, próximamente, en violencia contra la infancia y la adolescencia.
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