La Policía Nacional ha desarticulado este jueves un punto de venta de droga en un bajo situado en el número 3 de la calle Arrozal, junto al parque Paraíso, en San Blas-Canillejas y ha detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. En la operación también se registró una segunda vivienda, ubicada en Puente de Vallecas, que presuntamente era utilizada para almacenar las sustancias estupefacientes.
La actuación es el resultado de una investigación policial que permitió intervenir de forma simultánea en ambos inmuebles. Uno funcionaba como narcopiso y el otro correspondía al domicilio habitual de los arrestados.
Fuentes policiales explican que la ubicación del inmueble facilitaría este tipo de actividad por su proximidad al parque y por tratarse de una vivienda a pie de calle, lo que permite un acceso rápido y agiliza las transacciones relacionadas con la compraventa de sustancias estupefacientes.
Durante el registro, los agentes intervinieron 48.000 euros en efectivo, seis kilos de marihuana, un kilo de hachís, un arma de fuego y diverso material empleado para preparar y distribuir la droga.
Una zona en el foco por las quejas vecinales
La actuación policial se produce en un entorno que en los últimos meses ha concentrado numerosas denuncias de los vecinos por el aumento de la presencia de personas toxicómanas y sin hogar, así como por el deterioro de la seguridad y de las condiciones de salubridad en el parque Paraíso.
Esta situación llevó recientemente a la celebración de una reunión entre el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno para abordar la problemática de la zona, aunque finalmente la Comunidad de Madrid no participó en el encuentro.
Tras la reunión, las administraciones coincidieron en la necesidad de actuar, si bien plantearon enfoques diferentes. Mientras la Delegación del Gobierno defendió la adopción de medidas de carácter sociosanitario, en línea con las reivindicaciones vecinales, el Ayuntamiento apostó por reforzar la seguridad en el entorno. Los residentes sostienen desde hace meses que el problema trasciende el ámbito policial y requiere también una respuesta social y sanitaria.
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