El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado poner las actuaciones judiciales del denominado 'caso Plus Ultra' en conocimiento de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, así como de su secretaria personal, Gertrudis Alcázar.
Esta decisión judicial les permitirá personarse formalmente en el procedimiento en calidad de investigadas (imputadas) para poder ejercer plenamente su derecho constitucional de defensa.
El instructor ha adoptado esta medida a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito presentado el pasado martes solicitó formalmente a Calama que tomase declaración a las 3 mujeres bajo esta condición penal, aplazando para una resolución posterior la fijación de las fechas definitivas de sus comparecencias.
El rol de la sociedad 'Whathefav'
La vinculación de las hijas de Zapatero con la causa penal se deriva de su condición de administradoras solidarias de la mercantil 'Whathefav', una sociedad que ya fue objeto de entradas y registros policiales el 18 de mayo.
El juez instructor argumentó en su escrito que "la investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento", una circunstancia objetiva que sitúa de forma automática a sus responsables legales en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputación penal.
Calama defendió que la citación como investigadas es la única vía compatible con los derechos fundamentales, ya que llamarlas a declarar como simples testigos vulneraría su estatuto jurídico al imponerles la obligación legal de decir la verdad.
Esta condición de testigos les impediría reservarse datos clave, "comprometiendo de forma irreversible su derecho a no declarar contra sí mismas y a no confesarse culpables" ante hechos de gestión que posteriormente podrían serles atribuidos de forma directa.
Respecto a la secretaria del ex presidente, Gertrudis Alcázar, el auto judicial mantiene de igual modo que existen indicios racionales de una participación directa en la trama que justifican plenamente su llamada al proceso.
Portazo a las diligencias de Zapatero y de la acusación popular
En la misma resolución judicial, el juez Calama desestimó la gran mayoría de las nuevas diligencias que habían sido propuestas tanto por la representación legal de Zapatero como por la acusación popular unificada.
El ex presidente había solicitado formalmente ampliar la orden de cooperación judicial internacional emitida hacia Estados Unidos para reclamar documentación complementaria. No obstante, el instructor de la Audiencia Nacional aclaró que mientras las autoridades norteamericanas no remitan una contestación formal al requerimiento inicial ya acordado, resulta imposible efectuar una valoración fundada sobre la necesidad o utilidad de extender la investigación al extranjero, supeditando cualquier decisión al contenido de la respuesta pendiente.
Asimismo, el magistrado rechazó de forma categórica la petición de las acusaciones para citar en calidad de investigados al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su antiguo asesor Koldo García, descartando también la comparecencia testifical de Pedro Saura, político socialista y actualmente presidente de Correos.
Si (
No(
