El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid se ha encerrado este viernes en la sede central de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) hasta conseguir el compromiso del Gobierno central de detener las subastas de inmuebles y destinar al parque público, a través de Casa 47, al menos 800 viviendas vacías.
La acción comenzó a primera hora de la mañana, cuando activistas y vecinas afectadas ocuparon el edificio para exigir el fin de los desahucios y de la venta de vivienda pública. El objetivo, según la organización, era evitar que el patrimonio residencial de la TGSS siguiera saliendo al mercado y garantizar su permanencia en un sistema de alquiler social estable.
Tras varias horas de encierro y una reunión entre representantes del sindicato, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las partes alcanzaron un acuerdo que el propio movimiento califica como una victoria directa de la presión vecinal.
Según han comunicado los ministerios, se dejará de subastar vivienda pública gestionada por la TGSS y se incorporarán los inmuebles disponibles al parque público. En palabras del acuerdo, se trata de “al menos, 800 viviendas vacías” que pasarán a gestionarse bajo un modelo de “alquiler asequible y permanente” a través de la entidad pública Casa 47.
El Sindicato de Inquilinas subraya que el "esta victoria ha sido posible gracias a la organización de las vecinas y a la desobediencia inquilina”, insistiendo en que el conflicto no termina aquí: “seguirá hasta acabar con el negocio de la vivienda”.
Además del cambio en la política de subastas, ambos ministerios se han comprometido a mantener una reunión de seguimiento la próxima semana para abordar la paralización de los desahucios en los bloques afectados, una de las principales preocupaciones del movimiento.
Un conflicto que viene de lejos
Según traslada el Sindicato, el caso de las viviendas de la TGSS se remonta a más de dos décadas atrás. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la Sociedad Pública de Alquiler para “paliar el problema de la vivienda”.
Sin embargo, en 2012 la empresa fue liquidada durante el mandato de Mariano Rajoy, dejando miles de contratos en un proceso de transformación en el que muchas viviendas acabaron vacías o en el circuito de venta. Durante ese periodo, se impulsaron además reformas del mercado del alquiler, la creación de la Sareb o la venta de vivienda pública a inversores privados, configurando lo que el sindicato califica como "un nuevo ciclo de especulación".
En junio de 2024, las inquilinas de los pisos de la TGSS comenzaron a recibir notificaciones de no renovación de contrato, lo que dio lugar a su organización colectiva. A partir de ahí, el conflicto escaló: campañas de denuncia, acciones de protesta en subastas y la identificación de compradores privados, entre ellos fondos de inversión.
En marzo de 2026, el sindicato mantuvo una reunión con Casa 47 en la que se les aseguró que no habría más subastas de vivienda pública. Sin embargo, el pasado 20 de mayo, las subastas se reactivaron, desencadenando la ocupación de este viernes.
Pese al acuerdo anunciado, el movimiento advierte que la situación sigue abierta, especialmente por la amenaza de desahucios en curso. La organización ha llamado a continuar la movilización en la manifestación convocada para este domingo en Atocha.
“La desobediencia inquilina seguirá”, insisten, en un conflicto que ha puesto en el centro del debate la gestión de la vivienda pública y el papel del Estado como propietario y administrador de un parque inmobiliario cada vez más disputado.
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