Como de costumbre, política nacional y regional chocan en la Comunidad de Madrid. El motivo en esta ocasión, la aprobación definitiva de la regularización de cerca de medio millón de migrantes en situación irregular vía Consejo de Ministros.
El Gobierno regional del Partido Popular, claro, radicalmente en contra. Al igual que Vox, desde donde incluso han aprovechado para lanzar la campaña 'La inmigración masiva tiene consecuencias'. Por contra, Más Madrid y PSOE-M se han posicionado a favor al considerar que se trata de "un paso de gigante" en materia de derechos humanos.
"Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos y por eso, otra vez este Gobierno va a recurrir, en este caso este Real Decreto. No vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad. Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, frenar ese disparate que promueve la inmigración irregular para multiplicar el desorden", avanzaba la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, durante el Pleno de la semana pasada en la Asamblea de Vallecas.
Pese a que todo apunta a que La Moncloa atenderá finalmente la recomendación del Consejo de Estado de establecer la justificación de antecedentes penales como uno de los requisitos para acogerse a la iniciativa, uno de los consejeros de mayor peso en el organigrama madrileño, Jorge Rodrigo, el titular de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha vuelto a mostrarse crítico con una regularización que no duda en tildar, en la misma línea de su jefa, de "masiva" y "descontrolada".
"Desde el Consorcio Regional de Transportes seguimos trabajando como siempre lo hemos hecho y desde luego yo no voy a meter ni más personal ni voy a cambiar los horarios ni voy a hacer ningún tipo de contratación nueva para pagar una regularización masiva al Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado el consejero al ser consultado en Onda Madrid por las medidas que podría implementar el Ejecutivo autonómico a fin de agilizar la expedición del historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un documento muy utilizado en este tipo de trámites.
"Si el Gobierno de España no me va a pagar lo que me va a costar a mí emitir esos certificados, ¿por qué los madrileños tenemos que pagar las ideas de Pedro Sánchez?. Yo no lo voy a hacer", ha sentenciado a renglón seguido el mismo Rodrigo.
Duras críticas en Vox
En Vox, por su parte, insisten en denunciar los efectos de la inmigración "masiva" que "vacía las arcas públicas" y "llena las cárceles de España". Así lo ha asegurado al menos la portavoz regional del partido, Isabel Pérez Moñino, quien se ha servido además de la ocasión para presentar la campaña 'La inmigración masiva tiene consecuencias' junto a otro de los primeros espadas, Carlos H. Quero.
"Es momento de deportaciones masivas, de prioridad nacional y de controlar nuestras fronteras", y es que "este Real Decreto supone una traición al pueblo español que pone en peligro nuestra seguridad, nuestra identidad y el funcionamiento de nuestros servicios públicos" han resumido ambos representantes a las puertas mismas del Congreso de los Diputados a primera hora de la mañana.
Fuentes de ambas formaciones han confirmado ya que implementarán todas las herramientas políticas, parlamentarias y, por supuesto, judiciales, con el objetivo de poner freno a la regularización. En el caso concreto de Vox, esta declaración de intenciones se traducirá próximamente en "un recurso ante el Tribunal Supremo con petición de medida cautelar para suspender su aplicación".
Visión progresista
La otra cara de la moneda, los progresistas. En Más Madrid, de hecho, interpretan la aprobación del Real Decreto como un "paso de gigante" en materia de derechos humanos. "Hoy se da un paso de gigante para que miles de personas que ya viven en nuestros barrios y trabajan en nuestras empresas dejen de ser tratados como ciudadanos de segunda", ha celebrado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot.
Del mismo modo, en el Gobierno central defienden la idoneidad de la regularización como "acto de normalización" que aspira a "reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. Y, también, un acto de justicia y una necesidad".
"Reconocemos derechos, pero también exigimos obligaciones. Que quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia. Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español", ha justificado el propio presidente, Pedro Sánchez, a través de una carta compartida en sus redes sociales.
La regularización, al detalle
La regularización trazada desde La Moncloa ha sido aprobada hoy y será publicada mañana en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A partir del jueves será posible iniciar los trámites para su solicitud online. También para reservar cita previa en una oficina presencial. El procedimiento culminará el próximo 30 de junio.
Entre los requisitos para acogerse, carecer de antecedentes penales, algo que cada solicitante deberá justificar mediante un documento oficial expedido por su país de procedencia, y demostrar la residencia en España durante un periodo mínimo de cinco meses.
En cuanto a la autorización, será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.
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