La Federación Comarcal Sur Villaverde Alto de CNT y la plataforma Regularización Ya han presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, por presuntas irregularidades en la gestión del proceso extraordinario de regularización de personas migrantes aprobado por el Gobierno central.
El escrito, firmado por el secretario general del sindicato, Pablo Redondo Jiménez, reclama al Ministerio Público que abra una investigación y ejerza las acciones penales correspondientes por los hechos denunciados ante el órgano judicial competente.
Según sostiene la organización sindical, el Ayuntamiento habría dificultado “el acceso de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular a los certificados de vulnerabilidad exigidos para tramitar su regularización extraordinaria antes del próximo 30 de junio”. La denuncia atribuye a varios responsables municipales posibles delitos de denegación discriminatoria de prestación pública y de prevaricación administrativa.
Además de Almeida y Fernández, la denuncia se dirige también contra la coordinadora general de Políticas Sociales, Raquel Muros Delgado; la directora general de Servicios Sociales y Atención a la Discapacidad, María Consolación Alfaro Moreno; y la jefa del Departamento de Coordinación y Programación de la Atención Social Primaria, María Pilar Benito Pecharromán.
Críticas a los protocolos municipales
La CNT denuncia que los protocolos implantados desde finales de abril introdujeron “trabas burocráticas adicionales” para acceder a los servicios sociales municipales y obtener el certificado de vulnerabilidad requerido para el proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno mediante el Real Decreto 316/2026.
El sindicato considera que estas medidas afectaron especialmente a migrantes con dificultades idiomáticas, problemas de acceso digital o falta de recursos económicos, generando retrasos que podrían impedir a numerosos solicitantes completar el procedimiento dentro de plazo.
Según el escrito, tras la entrada en vigor de la norma el pasado 15 de abril, los centros municipales de servicios sociales no recibieron instrucciones claras durante varios días pese al incremento de peticiones. Posteriormente, el 21 de abril, trabajadores sociales habrían recibido órdenes para cancelar citas ya organizadas y derivar las solicitudes al Registro General del Ayuntamiento, una medida que, según la CNT, añadió nuevas barreras administrativas.
La denuncia también cita unas declaraciones realizadas por Almeida el 16 de abril después de la Junta de Gobierno municipal, en las que, según el sindicato, el alcalde aseguró que el Ayuntamiento “no iba a colaborar” con el proceso impulsado por el Ejecutivo central. La organización interpreta esas palabras como reflejo de “una voluntad política de obstaculizar el procedimiento”.
Asimismo, el escrito sostiene que el Consistorio conocía previamente la saturación de los servicios sociales municipales. En este sentido, recoge datos internos sobre tiempos de espera de hasta 36 días para conseguir cita y demoras superiores a los 50 días en distritos como Villaverde, Hortaleza o San Blas-Canillejas. Pese a ello, denuncia que no se adoptaron refuerzos extraordinarios de personal.
Almeida niega cualquier delito
Por su parte, Almeida aseguró en un acto celebrado en Carabanchel que desconoce el contenido de la denuncia, aunque afirmó estar convencido de que ni él ni el delegado José Fernández han cometido “ilícito penal alguno”.
El regidor consideró que la iniciativa sindical le “parece más bien una maniobra de propaganda por parte de la CNT” y subrayó que no le consta que la organización se haya dirigido previamente al Ayuntamiento para reclamar actuaciones relacionadas con el proceso de regularización.
"Conviene acudir a la Fiscalía no para obtener un titular, sino cuando verdaderamente se pueda haber producido un ilícito penal”
“Este es un Estado de Derecho, que acudan a la Fiscalía, pero conviene acudir a la Fiscalía no para obtener un titular, sino cuando verdaderamente se pueda haber producido un ilícito penal”, declaró Almeida ante los periodistas. El alcalde insistió además en que tiene “tranquilidad total y absoluta” porque está seguro de que no se ha cometido ningún delito.
Entre las medidas solicitadas a la Fiscalía, la CNT reclama que se abran diligencias de investigación, se requieran los protocolos internos elaborados durante abril y se tome declaración tanto a responsables políticos como a trabajadores sociales y migrantes afectados.
El sindicato también pide al Ministerio Público que solicite al Ayuntamiento comunicaciones internas, datos sobre citas anuladas y estadísticas relacionadas con la emisión de certificados de vulnerabilidad. Asimismo, reclama investigar quién redactó y ordenó aplicar los protocolos denunciados y por qué, según sostiene el escrito, esos documentos carecían de firma oficial.
El delegado del Gobierno: "Almeida ya tiene una condena social"
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se pronunció este martes sobre la denuncia presentada por la CNT y aseguró que, al margen de lo que determinen los tribunales, Martínez-Almeida ya tiene una “condena social”.
"La condena social es unánime prácticamente”
“El que el señor Martínez-Almeida anunciara mayores dificultades incluso de las habituales para proceder a la emisión de algo de documentación, si lo tienen que analizar los tribunales serán ellos quienes tengan que determinarlo, pero creo que la condena social es unánime prácticamente”, afirmó Martín ante los medios de comunicación.
El delegado recordó además que tanto el alcalde como el Partido Popular “han dicho por activa y por pasiva que van a poner todas las dificultades posibles para que este proceso salga adelante”, pese a que, a su juicio, la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno constituye una medida “de justicia” que “trae derechos” a personas migrantes residentes en España.
En este sentido, defendió que buena parte de la sociedad madrileña, incluidos sectores sociales y económicos de la región, respaldan el proceso extraordinario de regularización. Por ello, consideró que “quien se está distanciando de la sociedad madrileña es el Partido Popular”.
Martín sostuvo asimismo que el Ayuntamiento todavía está a tiempo de cambiar de posición antes de que concluya el plazo del proceso, previsto para el próximo 30 de junio. Así, emplazó al alcalde a “ponerse a remar a favor de una medida que trae derechos y justicia”.
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