El juez Juan Carlos Peinado ha dado por finalizada este lunes la fase de instrucción y ha planteado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos, dejando fuera finalmente el de intrusismo profesional.
El magistrado aprecia indicios suficientes para investigarla por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el ámbito privado, malversación de fondos públicos y apropiación indebida. La causa también se dirige contra su antigua asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, a quien atribuye los mismos delitos, y contra el empresario Carlos Barrabés, en cuyo caso limita la acusación a tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
A partir de ahora, tanto las defensas como las acusaciones y la Fiscalía disponen de un plazo de cinco días hábiles para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral y presentar sus escritos de conclusiones provisionales, incluyendo la posibilidad de recurrir.
En el punto de mira, la catedra de la UCM
La investigación se centra en la actividad de Gómez como codirectora de una cátedra universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, desarrollada junto a Barrabés. Según el juez, habría aprovechado su condición para facilitar la obtención de financiación, además de utilizar herramientas tecnológicas del centro con fines que posteriormente le habrían reportado beneficios económicos vinculados a un máster.
Asimismo, el magistrado sostiene que Gómez se habría apoyado en su asistente en el Palacio de la Moncloa para gestionar cuestiones relacionadas con dicha actividad académica, basándose en correos electrónicos analizados durante la investigación. En este contexto, apunta que el uso de recursos de su posición institucional para estos fines resulta impropio y lo compara con prácticas "más propias de regímenes absolutistas".
En cuanto al delito de intrusismo profesional, el juez acuerda su archivo al considerar que existe únicamente “un indicio endeble, no habiendo indicios plurales y sólidos” que sustenten esa acusación.
La decisión judicial coincide con el viaje oficial a China del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por su esposa, un hecho que desde el entorno de Moncloa consideran reiterado en actuaciones previas del juez.
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