El Pleno del Ayuntamiento de Parla ha aprobado este lunes la creación de una comisión de investigación para esclarecer las irregularidades detectadas en el examen de 24 plazas de auxiliar administrativo. La iniciativa, impulsada por PP y Vox, ha salido adelante con el respaldo de Podemos-IU. Además, se ha solicitado la devolución de las tasas a los aspirantes tras la anulación de la prueba.
La decisión llega después de que se detectara en el test un patrón ortográfico que permitía identificar las respuestas correctas, lo que motivó la suspensión del proceso selectivo. Desde la oposición, se insiste en que la investigación debe llegar “hasta sus últimas consecuencias”, con el objetivo de depurar responsabilidades políticas y aclarar quién pudo conocer o permitir la anomalía.
El Gobierno municipal defiende su actuación
El debate se ha producido en un pleno extraordinario solicitado por el PP para que el alcalde, Ramón Jurado, ofreciera explicaciones. El regidor ha defendido la actuación del Gobierno municipal, asegurando que reaccionó con rapidez al detectar las irregularidades, procediendo a la anulación del examen, solicitando instrucciones a la Comunidad de Madrid y aceptando la dimisión del tribunal calificador.
Sin embargo, los populares han puesto en duda que el fallo responda a un error casual, al considerar “imposible” que el patrón detectado sea fruto de una equivocación. También han reclamado que se corrijan las pruebas para conocer las notas y comprobar posibles vínculos entre aspirantes y el Ejecutivo local. En la misma línea, Vox ha criticado las explicaciones del alcalde por insuficientes y ha exigido asumir responsabilidades.
Concejales y cargos de confianza no podrán presentarse a procesos selectivos
Por su parte, el Gobierno local ha anunciado nuevas medidas, como la prohibición a concejales y cargos de confianza de presentarse a procesos selectivos municipales. El alcalde ha reconocido la gravedad de lo ocurrido y ha señalado que esta restricción va más allá de lo exigido por la normativa.
Desde Podemos-IU, que ha apoyado la comisión, se ha subrayado la necesidad de garantizar transparencia y respeto a los opositores, apostando por una investigación completa y la revisión de posibles conexiones entre aspirantes, miembros del tribunal y responsables municipales.
Durante la sesión también intervino una edil que participó en el proceso selectivo, quien defendió que concurrió en igualdad de condiciones y sin información privilegiada.
En paralelo, el área de Recursos Humanos ha asegurado que no participó en ninguna fase del examen y ha anunciado el nombramiento de un nuevo tribunal, así como la apertura de los expedientes a todos los grupos políticos.
El PP ha ido más allá y ha pedido revisar todos los procesos selectivos de los últimos cuatro años, al considerar que lo sucedido podría no ser un hecho aislado. Mientras, el alcalde ha insistido en que cualquier sanción a funcionarios deberá seguir los cauces legales y derivarse de una investigación formal.
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