La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la Ordenanza 7/2025 de Terrazas y Quioscos de Hostelería aprobada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida al considerar que vulnera derechos como la movilidad y la accesibilidad en el espacio público.
El presidente de la federación, Jorge Nacarino, ha informado de que el TSJM ha admitido a trámite el recurso y ha solicitado al Ayuntamiento el expediente administrativo completo, paso previo a la tramitación judicial. La FRAVM ya había advertido en noviembre, coincidiendo con el debate en el Pleno de Cibeles, que acudiría a los tribunales si no se introducían cambios en el texto.
Nacarino ha enmarcado la decisión en la defensa de los derechos de la ciudadanía frente a una norma que, a su juicio, “está hecha al servicio del sector de la hostelería”. “Prometimos dar todos los pasos necesarios para defender los derechos de la ciudadanía”, ha afirmado, y ha acusado al Consistorio de “entregar las llaves de la ciudad” a un sector “claramente incumplidor”.
Según los datos aportados por la FRAVM, en Madrid existen 6.472 terrazas que ocupan 196.647 metros cuadrados de espacio público, con 63.831 mesas y 204.959 sillas instaladas. Más del 60 por ciento se concentran en cinco distritos. “Estamos hablando del uso y el abuso por parte de la hostelería del espacio público, que es de todos”, ha señalado la portavoz del Grupo de Terrazas, Pilar Rodríguez.
La federación denuncia incumplimientos como el exceso de ocupación de aceras, la invasión de accesos a portales, el incumplimiento de horarios o la falta de retirada de mobiliario. “No quiero exagerar y decir que se incumple en el cien por cien de los casos, pero la excepción es que se cumpla y la norma es que no”, ha asegurado Rodríguez.
Desde la Comisión de Diversidad Funcional y Accesibilidad, Carmen Bonet, persona ciega, ha relatado las dificultades que genera la proliferación de terrazas. “Las calles son de todos y para convivir debemos ordenarnos”, ha afirmado, al describir obstáculos como mesas altas o carteles perpendiculares a fachada que dificultan el tránsito y el acceso a paradas y pasos peatonales.
La FRAVM también cuestiona el proceso de participación previo a la aprobación de la ordenanza. Según Nacarino, en la consulta participaron algo más de 5.000 personas, “apenas el 0,6 por ciento del censo de la ciudad”, y ninguna de las 43 alegaciones presentadas por la federación fue incorporada al texto.
El abogado de la entidad, Raúl Maíllo, ha explicado que el recurso se basa en la defensa del interés general y en la necesidad de garantizar la convivencia con especial atención a la accesibilidad y la seguridad. Ha recordado que una sentencia del TSJM de abril de 2024 ya anuló una modificación anterior por cuestiones como la falta de audiencia pública efectiva o la evaluación del impacto económico.
Según el letrado, el fallo podría suponer la anulación total de la ordenanza -lo que implicaría volver a la regulación de 2013- o parcial, afectando solo a determinados artículos. En todo caso, ha subrayado que el objetivo es impulsar una nueva normativa consensuada: “Creemos que es necesaria una nueva ordenanza de terrazas, pero una ordenanza ordenada y dialogada”, ha zanjado.
El Gobierno municipal defiende la ordenanza
La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha defendido la ordenanza de terrazas aprobada por el Gobierno municipal y ha criticado la “posición absolutamente negacionista” de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid tras la admisión a trámite de su recurso judicial.
Sanz ha asegurado que el Ejecutivo respondió “a todas y cada una de las alegaciones” y mantuvo “múltiples” reuniones con la federación, pero ha señalado que era imposible alcanzar un acuerdo ante una postura que, a su juicio, pasa por “cerrar todas las terrazas” o limitarlas “de una manera extraordinaria”.
La portavoz municipal ha subrayado que la admisión del recurso es un trámite formal y ha confiado en que los tribunales avalen “una buena ordenanza para Madrid” que, según ha afirmado, garantiza el descanso vecinal y protege una actividad económica “esencial” para la ciudad.
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