El Ayuntamiento de Alcobendas ha puesto en marcha una Oficina y un Protocolo Antiocupación, una iniciativa presentada con el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, quien ha acompañado a la alcaldesa, Rocío García Alcántara, durante el acto mostrando su respaldo a la iniciativa.
Albiol ha destacado que este tipo de oficinas “no responden a cuestiones ideológicas ni políticas” sino que buscan dar respuesta a un problema que pueden sufrir los ciudadanos, ya que la okupación “es un delito y como tal se tiene que prevenir y combatir”.
Por su parte, García Alcántara ha asegurado que el recurso envía “un mensaje claro para todos los delincuentes y okupas profesionales”, recordando que en el municipio “se respeta la propiedad privada” y que refuerza las directrices de “firmeza y mano dura” trasladadas a la Policía Local al inicio de la legislatura.
La oficina funcionará como un centro de asesoramiento, mediación y agilización de recursos ante situaciones de allanamiento o usurpación. Ubicada en la base de la Policía Local del Distrito Centro, ofrecerá asistencia jurídica gratuita y apoyo psicológico, además de desarrollar labores de información y acompañamiento para anticiparse a posibles casos y reforzar la protección de las viviendas desde el primer momento. Con un presupuesto anual de 72.615 euros, el nuevo protocolo facilitará la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los juzgados de Alcobendas para agilizar la resolución de las okupaciones dentro del marco legal.
Desde el Ayuntamiento recuerdan que la Policía Local ha colaborado en la liberación de 216 pisos okupados, que han sido devueltos a sus legítimos propietarios: 90 en 2023, 83 en 2024 y 43 en 2025, lo que supone el 80 por ciento de las okupaciones ilegales de la ciudad. Entre los casos más destacados figura el desalojo de 64 viviendas en la calle Francisco Largo Caballero, ocupadas durante diez años, “que habían provocado un aumento de la delincuencia y deterioro de la convivencia en la zona”. Otros ejemplos son ocho pisos en la calle Fuego, ocupados durante dos años, y nueve viviendas de Ivima y Sogepima en la calle Pablo Picasso con alquileres a bajo coste.
El Consistorio subraya que todas las actuaciones se han llevado a cabo gracias a la coordinación de Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, y que con este nuevo recurso se busca reforzar la protección de los vecinos y garantizar la recuperación rápida de los inmuebles ante ocupaciones ilegales.
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