La Asamblea de Vivienda de Collado Villalba ha informado de la suspensión de los desahucios que estaban previstos esta semana en las dos viviendas situadas en los números 13-15 de la calle Real, como resultado de la negociación con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración bancaria (Sareb) en uno de los casos, y de la presentación de recursos judiciales en el otro.
Tal y como adelantó Madridiario, los lanzamientos afectaban a dos de las viviendas del bloque en el que varias familias se encuentran en procesos activos de negociación para acceder a un alquiler social. Las notificaciones se habían emitido a cuatro pisos, dos de ellos con fecha fijada para los días 4 y 5 de febrero.
Según ha remitido la Asamblea en un comunicado, ambos desahucios han sido suspendidos. En el caso de una de las viviendas, la paralización se ha producido tras una negociación directa con la Sareb, mientras que en la otra ha sido posible gracias a la presentación de un recurso judicial motivado por la negociación en activo de un alquiler social.
Desde el colectivo subrayan que, en uno de los casos, ya existe un compromiso de realojo por escrito por parte de la entidad, aunque advierten de que las negociaciones continúan abiertas y que la situación del resto de familias del bloque sigue siendo incierta.
En conversación con Madridiario, Elena, portavoz de la asociación denunciaba que los vecinos del bloque llevan meses bajo una “amenaza constante de desalojo”, y aunque el avance de este miércoles es “un balón de oxígeno”, no resuelve la situación ni garantiza una situación estable para el resto de los vecinos.
El bloque está compuesto por dos edificios de tres plantas, con varias viviendas por pasillo, y en él residen actualmente numerosas familias y adultos compartiendo piso en unas condiciones “algo precarias”. Según explican desde el colectivo vecinal, se trata de pisos de dimensiones muy reducidas y con carencias de estancias básicas en cualquier vivienda, como la ausencia de cocina en algunos casos.
La asociación vincula esta situación a la política que la Sareb viene aplicando en el municipio y recuerda precedentes recientes, como el fallecimiento de una vecina dos meses después de ser desalojada de otro inmueble del municipio, poniendo de manifiesto el impacto de este tipo de actuaciones.
Asimismo, desde la Asamblea recuerdan que el bloque cumple los criterios para su incorporación en la nueva empresa pública Casa 47 del parque público de vivienda. A juicio del colectivo, esta opción permitiría garantizar la permanencia de las familias y evitar nuevos intentos de desalojo mientras continúan las negociaciones colectivas.
Ayuntamiento como segundo responsable
Desde el colectivo también denuncian la falta de implicación del Ayuntamiento de Collado Villalba, del que aseguraban no haber recibido ningún tipo de apoyo ni alternativa ante el inminente desahucio.
Recuerdan, además, precedentes recientes en el municipio en los que se ejecutaron desalojos sin que los servicios sociales ofrecieran ninguna solución, obligando a los afectados a “buscarse la vida" e incluso a dormir en la calle en algunos casos.
De haberse llevado a cabo los desahucios, las personas afectadas se habrían quedarían sin una alternativa habitacional inmediata. Desde la Asamblea explican que, aunque cuentan con redes de apoyo vecinal para tratar de evitar que acaben en la calle, las opciones en este tipo de casos son “muy limitadas”.
Ante esta situación, la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba había convocado movilizaciones ciudadanas los días previstos para los lanzamientos a las 10:00 horas, con el objetivo de frenar los desalojos, como ya había ocurrido en otras ocasiones.
Ahora, ya frenados los desalojos, desde la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba insisten en que la suspensión de los desahucios no pone fin al conflicto y reclaman una solución definitiva para todas las familias del bloque. En la misma línea, recuerdan que los inmuebles cumplen los criterios para ser incorporados en el parque público de vivienda y reiteran su exigencia de que se formalicen los alquileres sociales aún pendientes de formalizar.
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