El 31 de enero de 1924, Madrid amaneció sometido a una de esas disposiciones administrativas que parecen menores, pero que alcanzan de lleno la vida cotidiana: una Real Orden prohibía la venta, la distribución y la posesión de encendedores, chisqueros y fosforeras en toda la ciudad. La medida, registrada en las efemérides madrileñas del día, formaba parte de un contexto más amplio de regulación estricta durante los primeros meses de la dictadura de Primo de Rivera, un régimen que buscaba imponer orden incluso en los gestos más nimios de la ciudadanía.
Aquel Madrid era una ciudad donde el fuego seguía siendo protagonista: braseros encendidos en buhardillas de madera, cocinas de carbón, patios que actuaban como chimeneas verticales y un aire saturado de humo de tabaco y leña. En ese paisaje vulnerable, los encendedores metálicos —aparatos recientes, de llama viva y mecanismo imprevisible— se percibieron como un riesgo añadido. Las autoridades temían que cualquier chispa indiscreta terminara en tragedia, y la solución adoptada fue contundente: retirar de la circulación un objeto tan común como el chisquero, aquel encendedor de bolsillo que acompañaba a fumadores y madrileños de todas las clases. Según la Real Academia Española, el chisquero no era más que eso, un encendedor portátil; sin embargo, su funcionamiento —una rueda estriada que rozaba una piedra y encendía una mecha persistente— lo había convertido en un compañero fiable incluso en noches ventosas.
La prohibición no respondía solo a motivos de seguridad. Desde finales del siglo XIX, la industria del fósforo era un monopolio del Estado, y la difusión creciente de los encendedores había empezado a erosionar la recaudación derivada de la venta de cerillas. En 1922, la gestión del monopolio había pasado a manos de la Compañía Arrendataria de Fósforos (CAF), que necesitaba mantener el consumo de fósforos en niveles rentables. El Estado, por su parte, llevaba tiempo dictando disposiciones complementarias para asegurar ese equilibrio económico. La norma de 1924 encajaba perfectamente en ese entramado fiscal.
El resultado inmediato se sintió en la calle. La ciudad volvió en masa a la cerilla, rescatando ese gesto antiguo de proteger la llama con la palma de la mano para evitar que el viento la apagara. Las cerilleras de barrio, figuras habituales en mercados y plazuelas, vivieron un repunte inesperado de actividad. En los hogares más modestos, la cerilla recuperó un valor práctico que parecía destinado a desaparecer: encender braseros, prender cocinas de carbón, iluminar sótanos y ofrecer un instante de luz efímera antes de quedar reducida a un hilo de humo. La industria cerillera madrileña —con la histórica fábrica de Carabanchel como símbolo— volvió momentáneamente a un lugar central en la economía cotidiana.
Más allá de la economía y la seguridad, el episodio dejó huella en la cultura urbana. La desaparición temporal del chisquero alteró la coreografía íntima del fuego: el chasquido metálico, el olor del pedernal y la mecha brillante dieron paso a un ritmo más lento y frágil. Como tantas veces, Madrid se adaptó sin aspavientos. La prohibición terminó diluyéndose con el paso del tiempo, y los encendedores regresaron a los bolsillos de la ciudad. Pero aquel invierno sin chispa metálica dejó una imagen memorable: la de un Madrid que, incluso privado de sus comodidades modernas, supo encenderse con una simple cerilla, protegiendo la llama diminuta como si fuera una declaración de identidad.
Hoy, un siglo después, el episodio sigue siendo una curiosa ventana al carácter madrileño: práctico, resistente, ingenioso y capaz de convertir una disposición burocrática en un recuerdo colectivo teñido de luz cálida y gesto costumbrista. En el brillo breve de cada fósforo hay todavía algo de aquel 1924 en el que Madrid, por decreto, volvió a encenderse a la antigua.
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