La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado dos recursos de apelación presentados por familiares de víctimas de residencias de mayores que pedían reabrir causas archivadas relacionadas con los protocolos de derivación hospitalaria aplicados durante la pandemia de la Covid-19.
En una de las resoluciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados rechazan el recurso presentado por la familia de un anciano fallecido en una residencia de Collado Villalba, al que se adhirió la Fiscalía de Madrid, contra el archivo dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de esta localidad. El procedimiento se dirigía contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de homicidio por imprudencia.
La Audiencia también ha desestimado otro recurso que buscaba reabrir una causa instruida por el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, en este caso relacionada con una denuncia por delito de odio derivada del mismo protocolo de residencias.
Con estas decisiones, los magistrados confirman los archivos acordados en primera instancia y cierran, por ahora, las investigaciones sobre una posible responsabilidad penal en la gestión de los centros de mayores durante la crisis sanitaria.
El Gobierno regional celebra los archivos
Desde el Ejecutivo madrileño, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha subrayado que ya son 143 causas archivadas relacionadas con los protocolos de derivación hospitalaria y la consejera Ana Dávila ha insistido en que “se hizo todo lo humanamente posible para salvar cada vida”.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha celebrado que la Justicia “vuelva a dar la razón” a la Comunidad de Madrid y ha destacado la labor de los profesionales sanitarios y sociosanitarios que “lo dieron todo durante la pandemia y pusieron en riesgo su vida para salvar la de otros”.
La Comunidad de Madrid interpreta las últimas resoluciones de la Audiencia Provincial como un nuevo respaldo judicial a su gestión durante la primera ola del coronavirus, frente a las denuncias presentadas por familiares de víctimas que reclamaban responsabilidades penales por la aplicación de los protocolos en las residencias.
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