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Juzgado de Instrucción número 6 de Alcalá de Henares ha citado a declarar el próximo 14 de octubre al concejal socialista
Alberto Blázquez, investigado por presuntas
irregularidades en la gestión de la Ciudad Deportiva de la localidad durante las dos últimas legislaturas, ambas con gobiernos del PSOE.
Así lo recoge un auto al que tuvo acceso Europa Press, en el que además se acuerda prorrogar la investigación seis meses, hasta el 18 de marzo, con el fin de practicar nuevas diligencias.
La causa, abierta en octubre de 2024, afecta también a dos altos cargos del organismo municipal: E. R. S., jefe administrativo de Personal, Contratación y Compras, y Á. S. B., coordinador de Instalaciones Deportivas. Aunque el juez no ha calificado aún los delitos, los informes de la UDEF apuntan indicios de presunta malversación de caudales públicos y prevaricación.
La instrucción está pendiente de los informes del Grupo 26 de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que analiza la documentación remitida por la Ciudad Deportiva Municipal. Estas conclusiones serán determinantes para acotar el objeto del procedimiento y decidir nuevas diligencias.
La declaración judicial de Blázquez, que fue vicepresidente de la Ciudad Deportiva en la anterior legislatura, está fijada para el 14 de octubre a las 10:15 horas, junto a la de los dos técnicos investigados.
En la causa se han personado como acusación particular el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y el Organismo Autónomo Ciudad Deportiva Municipal, y como acusación popular Vox. Ambas solicitaron la ampliación del plazo de instrucción, petición avalada por el Ministerio Fiscal para contar con los informes de la UDEF antes de concluir la investigación.
La Policía Nacional ya realizó un primer registro en dependencias municipales el 8 de enero y ha acudido en al menos cuatro ocasiones más a recabar información. Las pesquisas se centran en contrataciones, adjudicaciones a cinco empresas y en la gestión de máquinas de vending, sin que se hayan justificado los servicios prestados.
El Ayuntamiento, por su parte, impulsó en la pasada legislatura una comisión de investigación tras detectar adjudicaciones a dedo a familiares de dos concejalas socialistas por valor de 40.000 euros, y fuentes municipales señalan que esperarán a sus conclusiones antes de decidir si acuden a los tribunales.
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