La magistrada del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, ha convocado a declarar al cantante y productor Nacho Cano, junto con otros tres integrantes de su equipo, en relación al caso de los becarios del musical 'Malinche'. De acuerdo con el auto al que Europa Press ha tenido acceso, la magistrada rechaza la petición de sobreseimiento y mantiene la imputación del músico y sus colaboradores y les cita a declarar el próximo día 20 de diciembre.
Cano enfrenta una investigación por un posible delito relacionado con los derechos de los trabajadores extranjeros, ya que se le denunció por contratar a becarios mexicanos para su musical 'Malinche'. Además, el juzgado ha convocado a los policías que llevaron el caso, quienes fueron acusados por Cano de tratarlo, según sus palabras, como a un "delincuente".
El juzgado de instrucción número 19 ha rechazado las solicitudes presentadas por la defensa del artista, aclarando que esta ha presentado de manera reiterada "múltiples escritos" que no "contribuyen" a esclarecer el supuesto delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros ni el delito contra los derechos de los trabajadores.
"Respecto a la petición de sobreseimiento libre, solicitada por la defensa, teniendo en cuenta que el objeto de este procedimiento es investigar si los hechos denunciados son constitutivos de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y un delito contra los derechos de los trabajadores, no se analizaran las cuestiones que reiteradamente se plantean en los múltiples escritos que está presentando la representación de los investigados desde el inicio del procedimiento, las cuales han sido resueltas por resoluciones que han sido recurridas. Tampoco se hará referencia alguna a los hechos imputados a los Funcionarios de la policía Nacional que son objeto de procedimientos seguidos en otros juzgados de instrucción de Madrid", resuelve el auto.
La petición del equipo de Cano para excluir a Comisiones Obreras (CCOO) como acusación popular en el procedimiento ha sido desestimada por la jueza. Ella ha afirmado que "no han cambiado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en el auto que acordó tenerla por personada". Además, ha señalado que "parte en un procedimiento en el que se está investigando un presunto delito contra los derechos de los trabajadores".
La defensa de Cano precisa que la citación es "a petición propia"
El equipo jurídico de Nacho Cano ha defendido que su citación del próximo 20 de diciembre es "a petición propia" y añaden que ya debería haber declarado "en julio". Así lo indican a Europa Press apuntando que el retraso en la declaración "es responsabilidad de la jueza" e insisten en que la situación procesal del artista "no ha cambiado en absoluto". "Sigue siendo investigado", subrayan.
Según sus abogados, Cano lleva pidiendo ser llamado a declarar desde el comienzo del caso y se ha puesto permanentemente a disposición del juzgado y deslizan que la declaración del próximo 20 de diciembre coincide con la de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "como todas las relativas a este caso, que siempre han coincidido con situaciones procesales de casos judiciales que afectan a la familia y el entorno del Presidente del Gobierno. Nos reiteramos en señalar que este caso y todo lo que lo rodea solo es un montaje que busca servir como cortina de humo frente a los escándalos que afectan a Pedro Sánchez y a su familia", remarcan.
Asimismo, recalcan que se trata de una instrucción "irregular" y consideran que la jueza ha extendido "innecesariamente" un proceso que debería haber sido archivado. "Esta dilación resulta en una vulneración de derechos para el artista", todo ello realizado "de un modo consciente y premeditado por la jueza". "Lo que ha resultado en una denuncia por vulneración de derechos fundamentales y prevaricación contra ella que se encuentra en el TSJ de Madrid", agregan.
Por último, señalan que Nacho Cano insiste en que la asignación "a dedo" de esta jueza siguió un proceso "irregular" y ha presentado indicios "gravísimos de la connivencia para ello de la comisaría de policía de Leganitos y funcionarios del decanato judicial de Madrid". "Todos las irregularidades cometidas hasta ahora por la magistrada instructora simplemente confirman las graves sospechas, que apuntan a un caso amañado en el que nada es casual", concluyen.
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