Las condiciones laborales de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid deberían haber mejorado tras aprobarse un nuevo convenio colectivo para el sector que, entre otras cuestiones, recoge un aumento salarial del 10 por ciento. Sin embargo, de nada sirven estos avances si ambas administraciones no actualizan los pliegos de condiciones del servicio para que las empresas adjudicatarias que las contratan puedan hacerlos efectivos, una demanda de empleadas, sindicatos y patronal que, de momento, se está resistiendo.
El pasado sábado, ataviadas con una bata blanca, las afectadas se manifestaron por el centro de la capital en la cuarta movilización del sector para visibilizar una situación que no solo tiene un impacto en ellas, sino también en los propios usuarios del servicio.
Por un lado, la plantilla del SAD se ve obligada a esperar el ansiado aumento de sueldo que establece el nuevo convenio firmado. Actualmente la nómina de los 17.000 trabajadores del sector, la mayoría mujeres, es de 1.080, casi el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según UGT. Y eso en el caso de quienes tienen contrato de jornada completa, solo un 16 por ciento, como advierte CCOO. El otro 84 por ciento restante es personal a tiempo parcial y cobra una media de 800 euros mensuales, unas condiciones laborales precarias que se traducen en falta de personal.
Por otro lado, va aumentando la lista de espera para acceder al SAD, un servicio muy demandado y que ha crecido exponencialmente porque cada vez hay más gente mayor y dependiente que quiere vivir en su domicilio. Atendiendo a los datos del portal de transparencia de la Comunidad actualizados a 30 de octubre, ya acumula unas 8.800 personas en la ciudad de Madrid y unas 5.900 en el resto de la región que aguardan para disponer de este recurso que en muchas ocasiones llega cuando el solicitante ya ha fallecido.
“En este sector somos mano de obra esencial”
Por eso, a lo largo de las últimas semanas, los sindicatos más representativos del sector junto con la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade) han pedido a la Comunidad y al Ayuntamiento de Madrid que cumplan con su compromiso, asuman su responsabilidad y agilicen todos los trámites necesarios para la publicación y adjudicación de los nuevos contratos que permitan adoptar el nuevo convenio para que las trabajadoras pueda disfrutar de las mejoras laborales que les corresponden y las personas a las que cuidan, de un servicio de calidad. “En este sector somos mano de obra esencial”, recuerdan desde UGT.
Condenadas a bajos sueldos hasta la actualización de contratos
Su urgencia en aprobar unos nuevos presupuestos tiene que ver con la necesidad de hacer sostenible el servicio con una financiación adecuada al cambio de escenario. Recordemos que los pliegos vigentes y prorrogados en la ciudad de Madrid se aprobaron en 2020, antes de la pandemia, y desde entonces los trabajadores han ganado en derechos, ha subido el SMI, las cotizaciones de la Seguridad Social y el coste de la vida, y a la vez ha crecido también el número de usuarios del servicio.
“El Ayuntamiento de Madrid junto a la Comunidad de Madrid han decidido prorrogar ambos pliegos de condiciones, siendo conocedores de que los presupuestos de los pliegos vigentes no cubren las condiciones laborales de las personas trabajadoras”, aseguran desde UGT, donde reprochan a ambas administraciones que no hayan cumplido su compromiso de "ejecutar los nuevos pliegos a principios de 2025”.
No será hasta que termine la prórroga actual en vigor cuando se publiquen los nuevos pliegos. Advierte el sindicato que el pliego de la Comunidad de Madrid se ha prorrogado hasta el 30 de abril de 2025, no dejando muy claro si harán más prórrogas, mientras que el del Ayuntamiento se encuentra prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque “se ha notificado a las empresas que lo gestionan en la actualidad que se va a prorrogar seis meses más, a sabiendas de que esto causará un grave perjuicio”.
“Retrasar más de seis meses la aplicación de las mejoras de un convenio negociado para dignificar y profesionalizar el sector, al que se añade el retraso de la publicación y la ejecución de los pliegos, no es para nada tranquilizador”, añaden desde CCOO.
El nuevo convenio al que aluden las afectadas, con una vigencia de 2024 a 2028, no solo persigue que mejore la situación laboral de la plantilla, sino que se reconozca toda la “labor social que realiza” con aquellos ciudadanos dependientes que necesitan de los cuidados de las personas trabajadoras de este sector para gozar de una calidad de vida más digna en su hogar.
En cuanto a las mejoras laborales de las trabajadoras, están “enfocadas a la estabilización del empleo en este sector, con adecuación de los salarios, medidas importantes en conciliación y una reducción de la jornada completa a 35 horas recogida en muy pocos sectores”, desgrana UGT. Para cumplir con lo pactado, no queda otra que aumentar los recursos destinados a este servicio.
Ya se han perdido muchos puestos de trabajo
De hecho, según el sindicato, en el tercer trimestre del 2024 ya se han perdido muchos puestos de trabajo, “sin descartar que sigan aumentando en extremo, por cada mes que se vaya retrasando la salida de los nuevos pliegos. No menos grave es la limitación de las altas de servicios, junto con las bajas habituales, causando cada día un resultado de suma carencia y precariedad para los usuarios”.
Las administraciones apuntan al Gobierno central
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha fijado para “mediados de 2025” esa actualización reclamada por las trabajadoras. Asimismo, ha asegurado que se está “trabajando desde hace muchos meses en esos pliegos y vamos a ofrecer un servicio lo más ajustado posible a las necesidades de las personas que atendemos en domicilio".
El número de usuarios del SAD en la Comunidad ha experimentado un incremento superior al 75 por ciento solo en los últimos tres años, lo que convierte a Madrid en la segunda región de España que atiende a más personas, 54.000 usuarios, como recordaba recientemente Dávila en la Asamblea. Anunciaba entonces que se va a ampliar el presupuesto destinado a este Servicio hasta más de 150 millones de euros, incrementando también el convenio con el Ayuntamiento en 30 millones.
“Todo ello en un contexto en el que debemos dar respuesta a los requerimientos legales del Gobierno de Sánchez, que una vez más aplica el yo invito, tú pagas. Porque impone medidas, pero ni las dimensiona, ni las financia”, subrayaba la consejera y exigía que el Gobierno central “cumpla la ley y financie al 50 por ciento la dependencia, que es lo que le corresponde”.
Dávila señaló que en la Comunidad de Madrid se ha “modificado el contrato vigente en el máximo que prevé la ley y, a la vez, hemos trabajado en un nuevo contrato, ya en tramitación, y que supondrá un incremento económico superior al 80 por ciento con numerosas mejoras”. Entre ellas apuntó el incremento de horas, un horario más adaptado a las necesidades de los usuarios, más formación e información para los profesionales y programas que previenen la soledad, fomentan la integración social y cuidan de los cuidadores.
La consejera confía y desea “que se mejoren las condiciones laborales que estos trabajadores pacten con las empresas”, aunque remarca: “No nos corresponde a nosotros esa cuestión”.
Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, José Fernández, ha garantizado la continuidad del SAD y ha reclamado una "financiación adecuada" del Estado. Lo hizo durante la comisión del ramo a preguntas del PSOE y Más Madrid.
Fuentes del área reiteran a Madridiario que están trabajando en los pliegos del nuevo contrato del SAD que aplicará el nuevo convenio colectivo que rige las condiciones de los trabajadores y “en el proceso de búsqueda de financiación ante el problema que nos ha generado el Gobierno de España, que no está aportando a las comunidades autónomas los recursos económicos para sufragar la atención a la dependencia”.
Estas mismas fuentes apuntan que “el Gobierno central debería financiar a la Comunidad de Madrid el 50 por ciento de lo que cuesta la atención a la dependencia, pero solo están pagando el 30 por ciento, adeudando millones”. Esa sería la razón por la que “la Comunidad no puede transferir al Ayuntamiento de Madrid el importe que nos corresponde para financiar nuestro SAD”. A pesar de ello, remarcan que "seguimos trabajando para solucionar este asunto a la mayor brevedad posible”.
Seguir aumentando la financiación, compromiso del Ministerio
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 consultadas por este diario señalan que "en 2023 y 2024 (por los presupuestos prorrogados), la Administración General del Estado aportó a la Comunidad de Madrid la cantidad récord de 446 millones de euros, 330 de nivel mínimo y 116 de nivel acordado". Representa "un 29 por ciento del gasto anual en dependencia, un aumento del 12 por ciento desde los primeros presupuestos del Gobierno de coalición. Es decir, el Gobierno central cubre ya casi un tercio de todo el gasto y, de seguir a este ritmo, llegará a la mitad a final de legislatura".
Desde el Ejecutivo llaman la atención sobre la mejoría experimentada en relación con el escenario dejado por el Partido Popular, con "el sistema de dependencia absolutamente infrafinanciado, contribuyendo con apenas 144 millones o el 15 por ciento del gasto en 2012". Eso supone "300 millones menos y la mitad en términos relativos de lo que el gobierno central aporta ahora".
Estas mismas fuentes aluden a las estimaciones del Observatorio Estatal de Dependencia, que "cifra en más de 5.000 millones de euros el quebranto que ocasionaron los gobiernos del Partido Popular al sistema hasta que salieron del Gobierno en 2018".
Añaden que "todas las administraciones tenemos un compromiso con reducir las listas de espera, mejorar la atención y las condiciones laborales de las profesionales sociosanitarias, incluida la Comunidad de Madrid", como quedó patente en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del pasado 5 de agosto. Y concluyen apelando a la "responsabilidad de todos los partidos para aprobar unas cuentas públicas que permitan aumentar la inversión en dependencia" hasta alcanzar "el deseado 50/50".
La Patronal, primera interesada en agilizar los plazos
Los sindicatos lamentan que las administraciones local y regional se escuden en la falta de financiación del Gobierno, cuando en otras ocasiones el Ayuntamiento “ha sacado los pliegos con mucho menos presupuesto del que ostenta ahora”, reprochan desde UGT.
Tampoco le vale a la patronal la excusa de la falta de financiación. “La Administración, conforme a la Ley de Dependencia, debería cofinanciar y pagar la mitad del coste, pero también es cierto que eso no ha ocurrido nunca desde que la Ley de Dependencia está en vigor y las licitaciones se han seguido publicando”, recuerda Ignacio Gamboa, presidente de Asade.
Las empresas que ofrecen estos servicios afrontan en este momento una “falta acuciante de trabajadores” por dos motivos. “Para trabajar en el sector se exige el certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria de personas a personas en el domicilio, es decir, hay un grado formativo exigente, de 600 horas”, recuerda Gamboa. La segunda causa tiene que ver con los sueldos del sector que “no son altos”.
“Si nosotros queremos atraer trabajadores al sector, necesitamos subir los salarios, mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores”, plantea el presidente de Asade. Por eso, la patronal comercial y los sindicatos han llegado al acuerdo de incrementar los salarios un 10 por ciento, para incentivar el reclutamiento de nuevos trabajadores y su fidelización, evitar la rotación y cubrir esta necesidad. “Como el sector de la ayuda a domicilio es eminentemente público, esa subida salarial la hemos vinculado con la publicación, adjudicación y firma de unos nuevos contratos, unos nuevos pliegos de condiciones, y ahí es donde la Administración debe actuar”, remacha Gamboa.
“Si nosotros queremos atraer trabajadores al sector, necesitamos subir los salarios"
Una vez comunicada al Ayuntamiento y a la Comunidad la necesidad de aprobar un nuevo marco laboral para que los salarios permitieran resolver la falta de personal, desde las administraciones les pidieron negociarlo cuanto antes para poder trasladarlo a sus memorias económicas y poder publicar los pliegos a principios de 2025. Y así lo hicieron. En el primer trimestre de este año el acuerdo entre sindicatos y patronal estaba cerrado. “La parte de negociación colectiva se hizo tal y como conocían las tres partes -sindicatos, administración y patronales- y lo que falta para poder ejecutar eso es la publicación de los pliegos por parte de la Administración”, algo que no va a ser posible a corto plazo por, según aducen, falta de financiación.
Gamboa llama la atención sobre el caso particular del Ayuntamiento de la capital. “La Comunidad sacó su licitación en febrero de 2022 y los municipios de la región han ido sacando las suyas en los años posteriores, mientras Madrid, a día de hoy, sigue prorrogando su concurso”. De este modo, municipios del ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid, como Fuenlabrada, Torrejón, Alcalá de Henares o Parla, han aprobado sus pliegos con posterioridad a la situación de pandemia. “Es decir, se han adecuado presupuestos y condiciones”, precisa el presidente de la patronal. Esto leva a agravios comparativos como que “en Fuenlabrada la hora está a 25 euros y el Ayuntamiento de Madrid no llega a 18 euros”. Cuando a 20 kilómetros de Madrid, sí se pueden aplicar la subida salarial del 10 por ciento y el precio de la hora se paga mejor, una empleada tiene claro en cuál de los dos municipios le interesa más trabajar.
Desde la patronal, en sintonía con los sindicatos, le piden a la administración “no prorrogar” los pliegos. “Hay que adecuarlos a la realidad, adecuarlos al precio que es necesario para poder pagar los salarios que son necesarios para encontrar personal”, remarca el presidente de Asade, quien teme que la espera en Madrid vaya más allá de mediados de 2025. “La prórroga propuesta a las empresas es hasta el 30 de junio, y en los nuevos presupuestos no se plasma ninguna modificación en el ámbito de ayuda a domicilio, con lo cual, no tenemos una garantía cierta de que solo sean seis meses”.
Las consecuencias de este retraso en actualizar los contratos cuando "el salario apenas supera en 30 euros al mes al salario mínimo interprofesional" es que va a resultar "muy complicado, por no decir imposible, que las empresas encuentren trabajadores para los nuevos dependientes a la hora de incorporarse a la prestación”, concluye Ignacio Gamboa.
Si (
No(
