Según los denunciantes, la ordenanza, que comenzó a aplicarse en 2006, generó "multas y embargos" a miembros de asociaciones por colocar carteles y distribuir octavillas con sus actividades sin autorización previa, por lo que solicitaron una "moratoria urgente" en su aplicación para "evitar situaciones arbitrarias y represivas contra los colectivos locales".
La Federación, que contó con el respaldo de una docena de colectivos y sindicatos, consideró que "el modo en que se ha aplicado la ordenanza ha sido represiva contra el conjunto de las entidades vecinales que, tradicionalmente, han realizado sus actividades con absoluta normalidad, siempre respetuosa con la limpieza viaria".
Según los colectivos vecinales, los portavoces del Gobierno local coincidieron en la necesidad "de abordar y modificar el apartado correspondiente al libre ejercicio de la libertad de expresión" y, en este sentido, acordaron la realización de un "estudio pormenorizado" para localizar espacios públicos en todos los barrios de la localidad en los que "las entidades sociales puedan informar de sus actividades".
A pesar de esta coincidencia, los colectivos vecinales cuestionaron que el concejal de Participación Ciudadana no estuviese presente en la negociación y que, en su lugar, el Gobierno municipal designase a dos delegados como mediadores.
"No nos parece correcto el modo elegido por el actual equipo de Gobierno para acometer la reforma a través de intermediarios", criticaron.
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