La Comunidad aprueba nuevas deducciones fiscales para propietarios que pongan su vivienda en el mercado

Facilitar el acceso de los madrileños a la vivienda continúa siendo la prioridad del Ejecutivo que encabeza Isabel Díaz Ayuso para la presente legislatura. A tal fin, el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha aprobado este miércoles en su reunión semanal el proyecto de Ley de nuevas deducciones fiscales para propietarios que decidan incorporar una o más de sus viviendas al mercado, ya sea en régimen de venta o alquiler. El objetivo, en palabras de la titular de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, no es otro que combatir la “inseguridad” que, al menos a su parecer, trae consigo la Ley de Vivienda estatal y, en último término, aumentar la oferta disponible en la región.

Enmarcada en el Pacto Regional por la Vivienda, la iniciativa engloba cuatro rebajas diferentes sobre el IRPF. La primera de estas medidas supondrá un ahorro de 1.000 euros para pequeños propietarios –con menos de cinco viviendas en su haber– de pisos vacíos que firmen contratos de alquiler. La duración de estos debe ser de, al menos, tres años, quedando excluidos aquellos acuerdos alcanzados con familiares de hasta tercera generación De acuerdo con las estimaciones de la consejería, cerca de 20.000 beneficiarios podrán deducirse 20 millones de euros.

La segunda, encaminada a paliar el “inesperado” incremento de los intereses sobre préstamos hipotecarios variables como consecuencia de la inflación, incluye una deducción del 25 por ciento sobre el IRPF, tomando como referencia el euríbor a diciembre de 2022 y con un límite de hasta 300 euros. Entre las condiciones exigibles figuran la consideración de vivienda habitual, adquirida con anterioridad a la subida de los tipos y con un coste inferior a los 390.000 euros. Además, la renta familiar no puede superar en ningún caso los 30.390 euros. Con ello se prevé un ahorro de 90 millones para un total de 450.000 hipotecados.

Dinamizar el mercado en municipios con menos de 2.500 habitantes, lo que permite, al mismo tiempo, prevenir la despoblación, es otro de los propósitos que subyacen la futura ley. Para favorecer el acceso a la vivienda a los menores de 35 años que opten por trasladar su vivienda habitual al ámbito rural, ya sea mediante compra o alquiler, podrán deducirse 1.000 euros. Asimismo, los jóvenes que adquieran una vivienda para establecerse de forma permanente en uno de estos pueblos se podrán ahorrar el diez por ciento del precio, con un límite anual de 1.546 euros, durante diez ejercicios fiscales. En este caso se beneficiarán, a tenor de los estudios previos, 1.200 ciudadanos con un ahorro de 1,2 millones.

A ello podrán sumar una bonificación adicional por la totalidad de los impuestos de Transmisiones Patrimoniales en caso de adquisición de vivienda de segunda mano y de Actos Jurídicos Documentados para vivienda nueva. El impacto previsto en este caso asciende hasta los siete millones de euros.

Aunque el proyecto de Ley será registrado esta misma semana en la Asamblea, la entrada de vigor de las bonificaciones no está previsto hasta el 1 de enero del próximo año. Con ello se pretende que puedan ser disfrutadas a partir de la próxima campaña de la Renta, la del ejercicio correspondiente a 2025. De acuerdo con los cálculos de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo serán beneficiados medio millón de ciudadanos, con un ahorro total próximo a los 118 millones de euros.