Ministerio de Sanidad y Comunidad de Madrid, enfrentados por la reforma del Sistema Nacional de Salud

“Blindar” los principios de “equidad, universalidad y cohesión” que rigen el Sistema Nacional de Salud, al tiempo que se limita el rango de acción de la Sanidad privada. Ese es el principal objetivo del anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS desarrollado por el Ministerio de Sanidad y que este mismo martes ha recibido el visto bueno por parte del Consejo de Ministros. En palabras de la titularidad del ramo, Mónica García, esta prometida reforma aspira a ser “una herramienta útil” para “retener talento, cuidar a los profesionales” y “poner coto” a modalidades de gestión mixta que están “deteriorando” la Sanidad. En último término, para “mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y las prestaciones en salud de todas las administraciones".

Las reacciones por parte de las ejecutivas regionales, competentes en la materia, no se harían esperar. Especialmente contundente se ha mostrado la madrileña que, a través de su portavoz, Miguel Ángel García Martín, ha trasladado su firme oposición a la modificación sirviéndose de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno. Para ello, el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local no ha dudado en defender un modelo de colaboración público-privada ya “consolidado” y que viene funcionado de manera “eficaz y eficiente” en territorios de “distinto signo político desde hace “mucho tiempo”.

"Los más perjudicados serán los pacientes"

“No estamos de acuerdo con ningún tipo de ley que venga a incorporar cuestiones que van a afectar al modelo sanitario del conjunto del Sistema Nacional de Salud. Al final los máximos perjudicados van a ser los pacientes y, por tanto, los ciudadanos (…). Le pido a la ministra que antes de revisar nada compruebe cómo viene funcionando este modelo en las distintas comunidades autónomas de cualquier signo político. Este sistema se ha venido consolidando con los años porque, bajo el respeto de la unidad de acción en la sanidad, venimos trabajando de forma clara y sin ningún tipo de problema en beneficio de todos”, ha argumentado el portavoz

Aunque aún se desconocen los pormenores del texto, García Martín ha dejado claro que la administración rechaza el fin último de una ley que, tal y como recoge el propio documento de consulta, no es otro que “facilitar la reversión de los fenómenos de gestión por entes privados de servicios sanitarios públicos”. En la misma línea, el consejero ha invitado al Ministerio de Sanidad a centrar sus esfuerzos en asuntos que "es necesario abordar a la mayor brevedad posible". Entre tales prioridades figuran a su parecer el déficit de médicos y enfermeras que aqueja la región. También la adecuada gestión de las listas de espera en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las “más importantes del país”.

García Martín ha cargado además contra la falta de transparencia que, al menos a su juicio, ha caracterizado al proceso. Y es que la reforma no ha sido consensuada con las comunidades autónomas. Una forma de proceder, ha recalcado, que le causa “estupor”. “Lo lógico sería que cualquier cambio en el modelo que se quisiera realizar sea consensuado con las comunidades, que somos los gestores y somos los financiadores del sistema público sanitario en Madrid y en el resto de regiones”, ha zanjado.