La Comisión Ciudadana por la Verdad presenta su informe sobre las residencias en pandemia

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la pandemia de Covid-19, promovida por las plataformas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, ha concluido que la respuesta del Gobierno regional fue "inadecuada" y se "vulneraron derechos fundamentales" de los residentes y sus familias durante un periodo en el que afirman que se produjo "una sobremortalidad" en estos centros "que pudo y debió haberse evitado".

Entre la decena de conclusiones del informe, presentado este viernes en el Ateneo de Madrid tras tres meses de estudios y 25 testimonios recogidos, se incluye también que "los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes" cuando se declaró la pandemia, situación que "no se ha corregido". Además se apunta que la comunicación entre residencias y familiares, así como la información hacia estos, "fue inadecuada" y que la Comunidad "no medicalizó las residencias".

"La Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales, utilizando criterios discriminatorios por lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo, así como por carecer de seguro privado", subraya el informe, que remarca que la Administración regional "no utilizó los medios alternativos existentes" para ofrecer atención sanitaria a los pacientes de las residencias "ni derivó a pacientes a hospitales privados, vulnerándose gravemente derechos fundamentales de las personas residentes y sus familiares".

Hoy un día especial para todxs lxs familiares,trabajadoras y víctimas. La Comisión Ciudadana está presentando el informe realizado por los siete expertos que la han hecho posible@VyJ_7291 @MResidencies @DeIndignadxs @la_ser @manuelrico @publico_es @El_Plural @El_Intermedio pic.twitter.com/196wGWzfzR

— Marea de Residencias (@MareaResidencia) March 15, 2024

El informe también sostiene que se ha vulnerado "el derecho a la verdad", pues considera que "no se ha investigado debidamente lo que ocurrió" y "no se han establecido ni responsabilidades ni reparaciones justas".

"Un trabajo riguroso"

El encargado de presentar el informe ha sido José Antonio Martín Pallín, presidente de la Comisión y magistrado emérito del Tribunal Supremo, quien ha precisado que "no se trata de una invasión de tareas que corresponden a los políticos", pero dado que las comisiones de investigación "se frustraron", acciones como ésta "fortalecen la calidad democrática".

El presidente de la Comisión Ciudadana por la Verdad ha recalcado que el informe presentado este viernes "no es un dogma de fe", sino un resultado "fruto de un trabajo riguroso, razonado y fundamentado", por lo que ha defendido que, a la hora de desmontarlo, "tendrá que hacerse también el mismo trabajo".

Martín Pallín, acompañado del resto de miembros de la Comisión, como el profesor de Derecho Constitucional y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia Fernando Flores, ha comparecido ante el redactor del informe, la doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui, el médico Fernando Lamata, la escritora Anna Freixas, la socióloga y politóloga Cristina Monge y el abogado y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Eduardo Ranz.

La doctora en epidemiología María Victoria Zunzunegui ha incidido en que "no se hizo lo que se tenía que hacer de acuerdo con prácticas profesionales y evidencia científica" remarcando que las decisiones adoptadas ignoraron las prácticas profesionales y la evidencia científica de lo ocurrido en China o Italia semanas antes.

Por su parte, el doctor Fernando Lamata ha aseverado que los mayores derivados a centros hospitalarios tuvieron "un porcentaje de supervivencia del 65 por ciento", lo que extrapolado a la Comunidad de Madrid pudo traducirse en que "más de 4.000" de los 7.291 fallecidos en residencias de la región "podrían haberse salvado". "No daba lo mismo", ha concluido.

"Más de 4.000" de los 7.291 fallecidos en residencias de la región podrían haberse salvado"

Martín Pallín ha reconocido la "situación excepcional" que se vivió y que hizo que los dirigentes políticos se vieran "compelidos a tomar decisiones que de otra manera hubieran tomado con más tiempo", pero ha insistido en que la política es "el arte de decidir" y ha destacado que en el informe se comprueba que "no todas las comunidades autónomas actuaron de la misma forma".

Entre las recomendaciones que señala el informe está precisamente la búsqueda "de la verdad" y el "deber de no olvidar", algo que pasa, señalan, porque tanto el Gobierno de la Comunidad como la Asamblea de Madrid "reabran la comisión de investigación sobre la pandemia". A todo esto se suma el papel de la Fiscalía, la cual debe llevar a cabo " una investigación eficaz y diligente".

Pallín además reclama un "cambio radical" en el planteamiento del modelo de cuidados, algo que conllevaría una dimensión económica, sociocultural ,sanitaria, jurídica y política. Por último, ha pedido "mejorar la dotación del sistema sanitario público" y "visibilizar y luchar contra el edadismo".

Causas archivadas

A juicio del magistrado emérito, la vía penal por lo ocurrido en las residencias "debería encabezarla el Ministerio Fiscal" como "depositario de la acción pública", aunque ha recordado que también las familias e incluso la ciudadanía mediante la figura de la acusación popular, pueden acudir a la Justicia.

El presidente de la Comisión se ha mostrado especialmente crítico con el papel de la Fiscalía a la hora de investigar lo ocurrido y participar en los procesos judiciales en marcha, una actitud que ha tachado de "conformista" y que por su pasado profesional en el Ministerio Fiscal le "duele doblemente". "En algunos casos ni acudían a las declaraciones", ha lamentado.

El panorama en los tribunales hasta ahora arrojar una "estadística bastante desoladora", con la mayoría de las causas archivadas por los organismos jurisdiccionales madrileños.

Hasta el momento, la Justicia suma 19 pronunciamientos que desestiman las responsabilidades de la Comunidad de Madrid en lo ocurrido, el último, por la muerte de dos residentes en sendas residencias de Parla, en el que la Audiencia Provincial dedujo que la atención desplegada "fue la adecuada".

La Audiencia Provincial de Madrid, al contrario de este caso, sí obligó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Collado Villalba a reabrir el pasado año una causa contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y sus exconsejeros de Sanidad e Interior, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, respectivamente, por las muertes de usuarios de una residencia de ancianos en la primera ola de la pandemia de Covid-19.

Anteriormente, la Audiencia Provincial ya había señalado cómo el Gobierno regional priorizó el criterio clínico en las derivaciones en relación con la muerte de otros dos residentes en una residencia de la Comunidad.

Tras haber realizado la presentación en un acto que ha contado con la presencia de los portavoces de los grupos políticos Más Madrid y PSOE tanto en la Asamblea de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital, el texto se enviará a "todas las instituciones del Estado", como la mencionada Fiscalía, el Defensor del Pueblo e incluso la Corona, así como a la Comisión Europea.