El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea ha dado a conocer este jueves que la presidenta de la Comisión de Vigilancia en de las Contrataciones, Ana Cuartero, ha presentado su dimisión debido a “las dificultades que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está imponiendo a la labor de fiscalización de los contratos en la Comunidad de Madrid”. Desde la formación conservadora aseguran además que esta comisión es el "último bastión" donde los grupos parlamentarios pueden fiscalizar las actuaciones económicas del Gobierno regional después de las modificaciones legales que llevó a cabo el Ejecutivo regional con las que se hizo con el "control total" del Consejo de Transparencia y de la Cámara de Cuentas.
En la misma línea, Cuartero ha denunciado que el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, “impide que la Comisión ejerza su labor de control inadmitiendo sistemáticamente las iniciativas que los grupos registran": “Es tan escandaloso que en diciembre estuvimos a punto de no poder celebrar la sesión mensual por falta de asuntos a tratar y entre todos los grupos se habían registrado más de 100 solicitudes. Como presidenta hago un seguimiento muy exhaustivo de las iniciativas de todos los grupos, es mi obligación (...). Antes no podíamos tratar los contratos relacionados con los pisos de menas, ahora ya no nos dejan traer nada. Todas las iniciativas de Vox se paralizan desde hace tres meses. Todo son buenas palabras, pero ni una acción y Vox no está aquí para perder el tiempo ni para calentar sillones”.
"No seremos cómplices de este atropello"
La Mesa de la Asamblea es la encargada de establecer las competencias de esta comisión. Dicho órgano considera, a la contra de lo expuesto por Vox, que en ella solo debe tener el poder de fiscalizar los contratos desde su publicación hasta su adjudicación. Para la oposición, sin embargo, resulta “esencial” poder investigar también la ejecución de dichos contratos para asegurarse de que el dinero se emplea "correctamente", algo que, informan desde Vox, no está siendo posible debido al veto del Partido Popular en la Mesa. Desde Vox defienden así el derecho de los madrileños de saber dónde va su dinero y acusan al Gobierno de Díaz Ayuso de no permitirlo: “La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones es el único instrumento de control que le queda a Ayuso por colonizar. No seremos cómplices de este atropello". Por todo ello, Vox ha comunicado ya que renuncian a su derecho de designación de diputado sustituto para la presidencia vacante a raíz de la dimisión de Cuartero.
Sin arrojar luz en torno a si su partido abandonará finalmente o no la comisión, la líder de Rocío Monasterio ha mostrado su total apoyo a la decisión de su diputada de renunciar a la presidencia de la comisión en la medida en que “no se nos deja preguntar sobre contratos básicos que son fundamentales para los madrileños: saber dónde, a qué se dedican, quién se los lleva, cómo se licitan, cómo se ejecutan, dónde va el dinero... La señora Cuartero ha dimitido esta mañana y ningún diputado de otro grupo de la oposición quiere asumir la presidencia porque dicen que es imposible. Es imposible trabajar así. No puede ser que el Gobierno bloquee la acción y el derecho que tenemos los diputados a preguntar sobre contratos, porque nosotros no preguntamos en nuestro nombre. Nosotros preguntamos en nombre de los madrileños”.
En el Grupo Parlamentario Popular, por el contrario, sostienen que se trata de una decisión "personal" y que "la señora Cuartero se va sin cumplir con el trabajo que le habíamos encomendado", el de presentar una nueva propuesta con respecto a las competencia de la propia comisión. "Quería que toda la fiscalización se hiciese en Vigilancia de las Contrataciones. Quería vaciar de contenido el resto de comisiones y no tenía sentido (...) Su actitud no me parece seria", ha apuntado el portavoz del PP en la Cámara, Carlos Díaz-Pache, minutos antes del comienzo del Pleno que se celebra este jueves en Entrevías.
La izquierda cierra filas
Las formaciones progresistas en la Asamblea de Vallecas han coincidido en apuntar la falta de transparencia denunciada por Vox. Al ser cuestionada por la presidencia vacante en la comisión la posibilidad de que otro partido la asuma tras la renuncia de Cuartero, la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha asegurado que los suyos “no van a ser cómplices de cómo quiere manejar las instituciones el Partido Popular": "Ya conocemos, por precedentes, la opacidad del PP en todo el tema de contrataciones públicas. Hay un gran trabajo de fiscalización que debemos seguir haciendo ahí”.
Más contundente aún se ha mostrado el portavoz socialista, Juan Lobato, quien ha cargado con dureza contra lo que a su juicio es una “falta de respeto muy grave” a la labor de fiscalización al Ejecutivo que corresponde a la oposición. “Venimos ya unas cuantas semanas denunciando la opacidad absoluta que está teniendo el Gobierno de la Comunidad y que está trasladando también a una institución como es la Asamblea de Madrid. Esta falta de respeto a la fiscalización al Gobierno es muy grave en términos democráticos y yo, desde luego, critico con contundencia lo que está pasando en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones porque se está bloqueando la labor democrática de la oposición de analizar qué decisiones toma un Gobierno y si son correctas o no”.
Lo más importante, a juicio de Lobato, no es quien vaya a presidir la comisión desde este momento, sino que "el Partido Popular reaccione, recapacite y tome una decisión de verdad. Establezca unos criterios por los cuales reconozcan la labor de esa Comisión de vigilancia de las Contrataciones, de control y fiscalización ordinaria de su labor. Si no dan este paso, están generando un bloqueo parlamentario que hace absolutamente inútil el trabajo de esa comisión".
La polémica renuncia de Cuartero ha llegado incluso al debate parlamentario de la mano de una pregunta dirigida a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert. “¿Consideran que se aplican los principios de transparencia institucional en los procesos de contratación pública realizados por la Comunidad de Madrid?”, ha lanzado el diputado socialista Daniel Rubio. La respuesta, clara y concisa: “Por supuesto que los procesos de contratación se llevan a cabo con total transparencia y sometidos a la ley de contrataciones en el sector público”. Daba así comienzo un intercambio de acusaciones en torno a la “opacidad, nepotismo y arbitrariedad” que, a juicio del PSOE-M, caracteriza la labor del Ejecutivo autonómico.
"No nos van a amordazar"
“En Madrid, la contratación es el motor del zendalismo y se caracteriza por anuncios, ser opaca, poco eficiente y una máxima del ayusismo: que la ley no te estropeé un buen negocio y que no te enemiste con tus amigos y familiares. Por eso intentan neutralizar con las leyes antitransparencia los organos de fiscalización. Se cargan el Consejo de Transparencia para no dar las actas de la Policía Municipal en las residencias. Se cargan la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de esta cámara para intentar amordazar a los representantes del pueblo. Pero no nos van a amordazar. Por cada intento de torpeadear nuestra labor, pondremos más trabajo, más entusiasmo y más ganas de democracia”, ha defendido Rubio.
Para Albert, en cambio, los procesos de contratación en la Comunidad cumplen con todas las garantías, y es que “siguen una normativa formal y rígida, con numerosas instancias encargadas de que se cumpla dicha normativa. Intervienen los servicios jurídicos, los funcionarios cuando redactan los pliegos, y todos los miembros de las mesas de contratación en las que están exclusivamente funcionarios. No hay ni un solo alto cargo ni ningún miembro del Consejo de Gobierno. ¿A quién acusa usted entonces de todos estos males? ¿A los funcionarios? ¿Piensa que están prevaricando? Porque si es así lo que tienen que hacer es, con pruebas, presentar la denuncia correspondiente”.
La transparencia, ha continuado, queda entonces “garantizada” a través de las comisiones de la Cámara de Cuentas, las “miles de preguntas que nos han formulado solo el año pasado”, un Portal de Contratación que “refleja cada uno de los contratos, con toda la información pormenorizada” y, además, la Comisión de Vigilancia de esta propia Cámara. Esta, ha zanjado Albert, tiene un cometido "muy concreto": vigilar la técnica juridica de estas contrataciones. "Lo que no puede ser es que quieran realizar aquí todas las labores que tienen el resto de comisiones porque eso sería hurtar competencias”, ha zanjado.
Si (
No(
