Diversos municipios medianos y pequeños de la región están evaluando la posibilidad de unir sus Policías Locales para mejorar la eficiencia en materia de seguridad. Esta iniciativa surge después de la constitución de tres asociaciones ya establecidas, según informaron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente e Interior a Europa Press.
Las mancomunidades policiales actualmente en funcionamiento son las de la Sierra Norte, que agrupa a las Policías Locales de Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Navalafuente, Torrelaguna y Venturada; la de Pedrezuela y El Molar; y la del Sureste, conformada por los Cuerpos locales de Tielmes, Valdilecha y Perales de Tajuña.
Adicionalmente, varios ayuntamientos han mostrado interés en este modelo de asociación policial en reuniones con la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid, algunos de ellos ya han iniciado los trámites para su constitución.
Los municipios que consideran esta opción son Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra y Soto del Real; la posible mancomunidad de Cobeña, Ajalvir y Daganzo; Becerril de la Sierra, El Boalo-Cerceda-Mataelpino; la de Moralzarzal, Navacerrada y Manzanares el Real; y la de Quijorna y Villanueva de la Cañada.
En una intervención ante la Comisión de Medio Ambiente, Interior y Agricultura de la Asamblea, el director regional de Seguridad, Luis Miguel González Morato, expresó su objetivo de fomentar estas asociaciones, destacando la inversión de la Comunidad en la seguridad de las localidades más pequeñas y medianas a través de las subvenciones de la Estrategia de Seguridad Integral de la Comunidad de Madrid (ESICAM).
González Morato señaló que la Comunidad destina 74 millones de euros al año a los ayuntamientos para garantizar que sus Policías Locales puedan proporcionar un servicio adecuado, resaltando el compromiso de la región con la seguridad ciudadana.
Además, abogó por el apoyo técnico, como la creación del centro de coordinación municipal el 112 para municipios más pequeños interesados en esta iniciativa. También se refirió a las responsabilidades del Estado en materia de seguridad, haciendo hincapié en una mayor cobertura de la Guardia Civil en los núcleos rurales y la eliminación de limitaciones en la reposición de efectivos.