El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha sacado adelante, con el rechazo de la izquierda, la propuesta del grupo municipal de Vox de instalar de "un mayor número de cámaras de videovigilancia en calles y barrios especialmente conflictivos al objeto de detectar situaciones anómalas o irregulares que impliquen la necesidad de actuar".
También se han aprobado medidas para "ofertar el número de plazas necesarias de agentes de la Policía Municipal de Madrid con la finalidad de propiciar que la tasa de reposición en este Cuerpo se cumpla y, por ende, se garantice la seguridad de los madrileños".
Vox no ha conseguido el respaldo del PP para asignar a la calle a todos los agentes de la Policía Municipal que actualmente desempeñan funciones administrativas ni la instalación de sistemas de alertas para la protección de comercios de la ciudad.
La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, ha contestado al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que "todos los agentes de la Policía Municipal que pueden estar en la calle están en la calle".
Sanz ha explicado que eso es posible porque el Gobierno local "ha sacado la mayor oferta de empleo para que 1.300 agentes se hayan incorporado a la plantilla actual", lo que supone "la cuarta parte" de esa plantilla sólo durante el mandato de José Luis Martínez-Almeida.
"No frivolice", le ha pedido a Ortega Smith en el Pleno de Cibeles. El portavoz de Vox ha apuntado a unos datos publicados por el Ministerio del Interior, correspondientes al primer trimestre del año, por lo que la Comunidad de Madrid ha ido sufriendo un incremento del 1 por ciento de los delitos de carácter penal, porcentaje "que se agrava notablemente al extrapolarse a la capital, donde la criminalidad asciende al 4,8".
Inma Sanz, confirmaba esta misma semana el repunte que se ha producido en 2022 y comienzos de 2023 de ciertos delitos en la capital, aunque ha destacado la reducción que se ha registrado en infracciones penales.
Sanz viene insistiendo en que Madrid es "una de las capitales más seguras del mundo" pero no ha obviado la existencia de "un déficit estructural de más de mil agentes de Policía Municipal que no se pueden cubrir porque el Gobierno de España no nos lo permite".
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