El portavoz de Vecinos por SanSe y exvicealcalde de San Sebastián de los Reyes, elegido representando a Ciudadanos (Cs), Miguel Ángel Martín Perdiguero, ha afirmado este miércoles que las bajas por inscripciones indebidas en el padrón municipal son legales y apunta a que la denuncia del nuevo Gobierno del PP sobre bajas irregulares es "una coartada para justificar un supuesto trato vejatorio a varios técnicos municipales".
El Gobierno municipal liderado por la alcaldesa popular, Lucía Fernández, ha denunciado que 4.544 vecinos fueron dados de baja en el padrón de manera injustificada, sin su conocimiento, y sin seguir el procedimiento administrativo reglamentario. Los hechos ocurrieron según la denuncia del actual ejecutivo durante el mandato de gobierno de coalición del PSOE y Ciudadanos.
El área responsable del padrón municipal estaba en manos de Ciudadanos y el entonces vicealcalde y líder de la formación naranja, Miguel Ángel Martín Perdiguero, ha afirmado que desde 2018 y de manera legal y rigurosa existe un procedimiento de 'bajas por inscripciones indebidas', respaldado por varios artículos de la Ley de Padrón y promovido por el INE para garantizar la calidad de los datos.
Martín Perdiguero señala que el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el Partido Popular, también ejecuta estas bajas por inscripciones indebidas, que se dan por ejemplo, cuando el nuevo inquilino en un piso de alquiler se empadrona y el antiguo es dado de baja de oficio.
Para el exvicealcalde y actual portavoz del partido local Juntos por Sanse, esta denuncia es "una coartada con la que justificar el supuesto trato vejatorio que están dando a varios técnicos municipales, incluidos los trabajadores suspendidos de empleo y sueldo".
Martín Perdiguero afirma que una persona que ocupa un puesto de mucha relevancia en el Ayuntamiento no pudo votar en las elecciones municipales y desde entonces, afirma, "empezó a hacer la vida imposible a dos funcionarios, hasta tal punto que estos acabaron denunciando por acoso laboral".
Tanto el exvicealcalde como los dos funcionarios suspendidos por el Ayuntamiento, que han difundido un comunicado en su defensa, coinciden en señalar que tras las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 sólo se produjeron 6 incidencias en un censo de 64.000 votantes, muy lejos del 5 por ciento que señala el gobierno del Partido Popular.
Los funcionarios afirman que todo los expedientes se han tramitado conforme a la normativa vigente, realizando las notificaciones establecidas en la ley para que los interesados pudieran realizar las consideraciones que tuvieran por conveniente.
En el comunicado explican que ellos se limitan a tramitar los expedientes, en función de la información aportada por los funcionarios del Servicio de Atención Ciudadana, y tras la correspondiente tramitación, que es certificado por el Órgano de Apoyo de la Junta de Gobierno Local.
Entonces se remite la documentación correspondiente al INE, que es quien a través del Consejo de Empadronamiento emite el informe correspondiente, aceptando o denegando las bajas.
Afirman que es "absolutamente falso" que hayan hecho desaparecer del padrón a miles de ciudadanos, insisten en que las bajas se han dado "donde los empadronamientos eran irregulares" y lamentan que se les estén imputando actuaciones irregulares "de forma gratuita y tendenciosa".
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