Una persona sin hogar o en situación de emergencia social, ya sea por un desahucio o una explosión de gas en su casa, por ejemplo, debe tener los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Sabemos que hay personas sin hogar a las que se deniega alojamiento temporal (por falta de plazas, por no tener el perfil, por sanción o expulsión...) y, por ello, desde Más Madrid lanzamos una propuesta hace unos días: que cuando suceda esto, se entregue un documento de denegación de recurso, algo así de simple. Vamos, como a cualquier hijo de vecino que, cuando solicita algo y el Ayuntamiento lo rechaza, se le notifica por escrito, explicando los motivos, y cómo y cuándo poder recurrir la decisión municipal.
Así lo planteamos en el Pleno de Cibeles de finales de diciembre. Pedíamos también que ese documento se entregara de oficio y no necesariamente a demanda, ya que la situación de vulnerabilidad social extrema exige que las administraciones sean lo más ‘facilitadoras’ posible del ejercicio de los derechos. También queríamos campañas de información, un registro de solicitudes denegadas y de sanciones o expulsiones de centros que nos permitiera conocer esa realidad mejor y que, además, se publicara en la web del Ayuntamiento semanalmente, por una cuestión básica de transparencia.
Pero el Gobierno de Almeida votó en contra porque esto de "ayudar a los pobres", según su terminología clásica, estará muy bien, pero no es realmente exigible. No se puede reclamar. Si te lo dan, bien, pero no es tu derecho. Es la diferencia clásica entre beneficencia y justicia.
Para aprobar nuestra iniciativa, el Gobierno de Almeida nos propuso una enmienda a la totalidad con un trasfondo neoliberal de libro. El documento para entregar no podía ser “de oficio”, sino “a instancia de parte”, solo si tú tienes la energía, las palabras, el tiempo y las ganas de solicitarlo en medio de tu desolación por haberte quedado en la calle tras ser rechazada tu petición de alojamiento. Desde Más Madrid pedíamos también que el documento se entregara a las personas expulsadas de un recurso explicando el motivo de dicha sanción y el tiempo de duración.
Para Almeida, sin embargo, estas personas son usuarios “a los que se ha dado de baja”, un eufemismo puro y duro al que nos negamos. Es urgente saber no solo cuántas solicitudes de plaza se han realizado, también cuántas se han denegado. Solo así podremos aproximarnos a la capacidad de respuesta. Pero no, se negaron a visibilizar en la web municipal estos datos.
Nosotras creemos en la necesidad de ayudar a satisfacer necesidades básicas en la atención a las personas. Esto es absolutamente necesario, pero claramente insuficiente si el enfoque es asistencialista, marca de las políticas neoliberales.
El asistencialismo parte de la beneficencia, pero no como un añadido al principio de justicia, sino como un criterio sustitutivo. Para ellos, no darte plaza en un albergue limita un bienestar, pero no priva de un derecho. El asistencialismo no quiere generar herramientas para empoderar a las personas en el ejercicio de sus derechos y en sus procesos de emancipación y, además, es paternalista, porque teóricamente pretende hacer el bien de la persona, pero define qué es lo bueno para ella, basándose en la intencionalidad beneficente y en la experiencia profesional. Es decir, "todo para los excluidos, pero sin los excluidos".
El asistencialismo que practica el Gobierno de Almeida se vincula solamente con el ciudadano en exclusión como "objeto" de atención, pero no como "sujeto" de derechos, lo que es especialmente grave para los usuarios del sistema y, además, doloroso para los magníficos profesionales del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento que tienen que padecer ese enfoque.
La “emergencia” es una realidad que exige a los poderes públicos una respuesta real y efectiva. En el ámbito sanitario no lo duda nadie, ni siquiera los sistemas asistenciales ultraliberales estadounidenses. Pero la emergencia social, al menos para el equipo de Almeida, que es el que tiene competencias en el asunto, no parece exigir prestaciones y servicios garantizados que puedan ser reconocidos, derechos subjetivos que puedan ser reclamados por las personas y colectivos más vulnerables.
La asistencia sin derechos es asistencialismo propio del siglo XIX y una vuelta a una beneficencia que no complementa, sino que sustituye, al principio de justicia.
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