El Defensor del pueblo recibe 8.813 quejas en Madrid
miércoles 27 de febrero de 2013, 00:00h
Actualizado: 27/02/2013 16:12h
El Defensor del Pueblo tramitó en 2012 un total de 8.813 quejas, según el Informe Anual de 2012 presentado este miércoles en el Congreso de los Diputados por la dirigente de esta institución, Soledad Becerril.
En cuanto a las áreas de gestión de expedientes, se tramitaron un total de 1.215 quejas en el ámbito de Seguridad y Justicia; 1.187, en Economía y Hacienda; 482, en Migraciones e Igualdad de Trato; 683, en Medio Ambiente y Urbanismo; 1.606, en Sanidad y Política Social; y 3.640, en Empleo, Educación y Cultura.
Para la Defensora del Pueblo, el año 2012 ha sido un año marcado por la crisis económica, y como consecuencia de ello, los ciudadanos han sufrido una "disminución" de sus ingresos y expectativas laborales, así como en la atención de servicios que con anterioridad habían recibido.
También, como consecuencia del constante incremento del desempleo, la Defensora del Pueblo destaca en su memoria que las familias han encontrado mayores dificultades en atender a compromisos de pago, una circunstancia que se añade al hecho de que la mayor parte de las entidades bancarias se han visto afectadas por la caída del sector inmobiliario, "riesgo que no habían calculado suficientemente".
Instituciones entorpecedoras
El informe anual señala varias administraciones que no colaboran con el Defensor del Pueblo, recuerda que las administraciones están obligadas a contestar a la "información que precisa para sus investigaciones" y lamenta que en ocasiones "esta respuesta no es siempre inmediata y en algunos casos, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse".
Entre los no colaboradores se encuentra el Ayuntamiento de Leganés —por el retraso de un expediente de devolución de tasas— y la Universidad Complutense, con dos expedientes pendientes —una solicitud de plaza en un colegio mayor y problemas de acceso a una vivienda en la residencia de profesores—.
Otras entidades que "han incumplido su deber de colaboración" con el Defensor, sigue explicando el informe, son la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad y el Ayuntamiento de Manzanares el Real. Mención aparte merece, según el documento, el caso del Ayuntamiento de Robledo de Chavela, "que no contesta a los requerimientos de información de distintas investigaciones de esta institución, en actitud claramente no colaboradora".