Justicia aprueba crear un registro de niños robados

Tras una rueda de prensa posterior a la reunión con las asociaciones de los bebés robados, Ruiz-Gallardón ha anunciado la puesta en marcha del servicio competente del Ministerio de Justicia entre finales de diciembre y principios de enero. Dicho servicio constará de la documentación e información relativas al lugar de filiación natural, sus datos registrales y expedientes sanitarios.

Los afectados podrán aportar todos los datos necesarios relacionados con la identificación (fecha de nacimiento y pruebas genéticas) que contará con una oficina física en la plaza de Jacinto Benavente de Madrid y que solicitará a las instituciones públicas los antecedentes existentes que se puedan tener sobre cada caso. El Ministerio prevé que las comunidades autónomas tengan un servicio informático a través del cual se pueda acceder al estado del asunto y registrar datos necesarios para crear un censo y ahorrar, de esta manera, la presencia física.

Acceso a Toxicología

Según publica el Ministerio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), una orden permitirá la creación de dos ficheros de datos de carácter personal relacionados con los supuestos de una posible sustracción de recién nacidos y aprobación de los modelos oficiales de solicitud de información, correspondientes a la información administrativa y genética.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, accesible por primera vez a los particulares sin necesidad de requerimiento judicial previo, creará una base de datos única que incluya los perfiles genéticos y validará las muestras que reciba de los laboratorios para garantizar su calidad y para que "no haya fisuras" por las que el juez pueda declarar que esa prueba no es válida. La primera validación será gratuita para los afectados pero, en caso de adjuntar datos en posteriores ocasiones, el coste será asumido por los usuarios, según han alegado fuentes del Instituto, justificadas por motivos presupuestarios.

Además, se creará un guía de actuación para los médicos forenses en caso de que se tengan que realizar exhumaciones de recién nacidos con el objetivo de conseguir la máxima garantía técnica, evitando así contaminaciones externas y garantizando que los análisis se realicen en las condiciones más favorables para determinar la relación biológica.

Las asociaciones han demandado la gratuidad total de las pruebas y la instalación de una Comisión Nacional de Búsqueda y unidades especializadas de la Policía Judicial. Además, ha defendido la no prescripción de los delitos de robo de niños.