Asociaciones y sindicatos crean una plataforma en defensa de los servicios públicos sociales
Por MDO/E.P.
miércoles 06 de junio de 2012, 00:00h
Actualizado: 07/06/2012 14:24h
Organizaciones sociales y sindicales han constituido la Alianza en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid para exigir a las administraciones públicas que no reduzcan las partidas dedicadas al gasto social y para reivindicar unos servicios de calidad y universales.
Esta unión de entidades sociales se ha presentado este miércoles en el Centro Cultural Galileo bajo el manifiesto 'Estamos a tiempo', con el que han pedido una mayor inversión social con motivo de la crisis económica. Entre los colectivos firmantes se encuentran los sindicatos Comisiones Obreras, UGT-Madrid, CECU Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Los firmantes han destacado que este sistema es el "cuarto pilar" del Estado del Bienestar, junto a la Sanidad, la Educación y las pensiones, y que a pesar de haber logrado "un importante grado de desarrollo" en los últimos treinta años, se encuentra en "desventaja" frente a estos por el "escaso reconocimiento de derechos subjetivos" y la ausencia del criterio de universalidad.
Esto se debe, según han apuntado los colectivos integrantes de esta "alianza", a la ausencia de una ley marco para el conjunto del Estado que garantice "un sistema de derechos mínimos e iguales para toda la ciudadanía", así como la falta de desarrollo de la ley autonómica de Servicios Sociales de 2003, lo que ha provocado que en la región exista "una falta de equidad e igualdad", han sostenido.
40% menos de presupuesto
Entre las partidas afectadas por los recortes presupuestarios de las administraciones públicas, estas entidades han destacado que el dinero destinado a sostener la Red Básica de Servicios Sociales, dependiente de las cuentas de la Consejería de Asuntos Sociales, ha caído un 40 por ciento.
Asimismo, han denunciado que en la región "se ha producido un progresivo deterioro y desmantelamiento" de los sistemas de protección social y de los servicios públicos, los cuales, según han asegurado, han sido sometidos a "constantes procesos de desregulación y privatización provocando un cambio de modelo".
Una desigualdad "crónica"
Las solicitudes de la Renta Mínima de Inserción (RMI), última prestación a la que acudir cuando no se cuenta con ninguna prestación contributiva, se han incrementado durante el último año un 76 por ciento. Por el contrario, las familias beneficiarias han aumentado un 22 por ciento.
Las entidades sociales han mostrado su preocupación por la "desigualdad crónica" existente en la sociedad, ya que consideran que el aumento de las personas con recursos desde el inicio de la crisis no se corresponderá con su caída una vez finalice la recesión económica. También han destacado que el 27,7 por ciento de las personas que se encuentran en la pobreza son trabajadores a tiempo completa. De ello deducen la "precarización" de las condiciones laborales, ya que el tener un puesto de trabajo no garantiza alejarse de esta situación de exclusión social