Comunidad, Tres Cantos y Colmenar pagarán 60 millones por un error urbanístico

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Colmenar Viejo de 1987 acordó, con el llamado "Plan Bodonal", reclasificar unos terrenos colindantes con el actual Soto de Viñuelas de Tres Cantos. Dichos terrenos eran urbanizables y pasaron a ser calificados como Suelo No Urbanizable de protección para usos agrícolas.

Ante ese cambio, los propietarios de estos terrenos se consideraron perjudicados e iniciaron un largo proceso legal que finalizó con la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1992. Ésta condenaba a la Comunidad de Madrid y a los dos Ayuntamientos (Colmenar y Tres Cantos) a indemnizar a los propietarios. La indemnización quedó fijada por el Supremo, en el año 2007, en 42,43 millones de euros más los intereses, que ahora se acerca a los 60 millones de euros, según ha confirmado Miguel Ángel Santamaría, alcalde de Colmenar Viejo.

Los dos ayuntamientos son responsables, ya que aunque el PGOU objeto de la polémica es de Colmenar, los terrenos pertenecen en la actualidad a Tres Cantos, municipio que no existía entonces y cuyos terrenos formaban parte del término municipal colmenareño.

El TSJM ha comunicado ahora a las administraciones la ejecución forzosa de la sentencia y ha apercibido que, de no ejecutarse voluntariamente, se procederá al embargo de bienes patrimoniales de los Ayuntamientos y a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales, contra los "funcionarios responsables".

Ante esta situación, los dos ayuntamientos se enfrentan a tres opciones: pagar la sentencia entre las tres administraciones (descartada por su enorme cuantía); no hacer frente a la sentencia y que el juzgado proceda al embargo de bienes patrimoniales y la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales contra los "funcionarios responsables", y, finalmente, la solución que menos perjudicaría a los ciudadanos y que garantizaría la satisfacción de los vecinos sobre los posteriores proyectos urbanísticos que se realicen pasaría por firmar un acuerdo entre las tres administraciones condenadas. En definitiva, se trataría de devolver, a los terrenos objeto de litigio, la calificación que tenían con anterioridad al año 1987.

El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, ha señalado que, en su opinión, "la mejor solución es recalificar ese suelo a urbano, que ahora es rústico". No obstante, ha puntualizado que está trabajando en "otras soluciones por si no se consigue ésta".

Por su parte, Jesús Moreno, concejal de Urbanismo de Tres Cantos, ha querido dejar claro que "esta cantidad supone más de 1.000 euros para cada vecino", aunque ha señalado que se han mantenido distintas reuniones entre la Comunidad, los ayuntamientos y los propietarios de los terrenos "para llegar a un acuerdo" que pasa por devolver al suelo la calificación de urbanizable. Para ello, el Ayuntamiento de Tres Cantos aprobará este jueves en el pleno "solicitar un estudio para ver las condiciones medioambientales" de la zona. Según Moreno, se tardará cuatro años en saber sus resultados pero decidirá si el suelo puede o no declarase como urbano, algo que pondría punto y final a este asunto.