Aumenta la prostitución entre menores y embarazadas
Por MDO/E.P.
lunes 13 de febrero de 2012, 00:00h
Actualizado: 14/02/2012 18:41h
La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAPM) ha alertado este lunes del aumento de la prostitución, especialmente de menores y embarazadas y del incremento de meretrices de Paraguay, Brasil y Rumanía.
Concretamente, ha explicado que la ONG atiende a dos adolescentes menores de 18 años y que en estos casos están en coordinación con la Comunidad de Madrid y la Fiscalía de Menores. "Antes esto no lo veíamos, al igual que tampoco veíamos prostitución de mujeres chinas y ahora la vemos", ha revelado la presidenta de la APRAM, Rocío Nieto.
Nieto se ha reunido este mediodía con la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, para tratar esta problemática porque considera que a estas mujeres "hay que atenderles integralmente y una ONG por si sola no puede hacerlo". Nieto ha señalado que el objetivo de su organización, presente en varias regiones de España, es que en este país "no sea un lugar fácil para la prostitución". "Es muy difícil la denuncia porque la prostituta no sólo teme por su vida, sino por los familiares que ha dejado en su país. La voluntad política ha sido importantísima en esta reunión.
La presidenta de APRAMP ha señalado que atienden a mujeres de 24 nacionalidades, entre ellas muchas paraguayas, brasileñas, rumanas y nigerianas. Además, ha indicado que las voluntarias de la ONG informan diariamente a 220 mujeres solo en Madrid y que dos de ellas son menores de edad.
Nieto, que ha estimado que el número de prostitutas que ejercen en Madrid supera las 3.000 mujeres, ha indicado que no todas están en situación de trata de blancas y que muy pocas son las que trabajan voluntariamente. "Tendríamos que hacer un recuento de la prostitución porque no se ha hecho un estudio serio", ha agregado.
Encuentro con la delegada del Gobierno
La reunión mantenida este lunes con la APRAMP se enmarca dentro de la ronda de contactos que viene efectuando Cifuentes son los distintos sectores económicos y sociales de la Comunidad de Madrid, al objeto de escuchar sus necesidades y de facilitarles información sobre las líneas estratégicas que van a guiar su trabajo en el futuro.
Durante el encuentro, se han analizado, entre otros asuntos, las políticas a desarrollar en relación con la prostitución. En este sentido, la Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de sus propósito de reforzar las actuaciones preventivas, potenciando para ello la lucha contra dos de las principales causas de este fenómeno: la trata de seres humanos destinados a esta actividad y las redes de proxenetismo que la favorecen y se benefician de ella.
Cifuentes se propone potenciar la atención y la reinserción social de quienes se ven obligadas a ejercer la prostitución, poniendo a su disposición los necesarios recursos asistenciales. No obstante, ha indicado que se intensificará la vigilancia y el control policial en aquellas zonas de Madrid donde actualmente se ejerce la prostitución, toda vez que es una actividad que genera notable inquietud ciudadana y deterioro social, y seguirá trabajando en el desmantelamiento de la delincuencia organizada que habitualmente está detrás de este fenómeno.
Estos objetivos se fundamentan en el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, suscrito por la Administración General del Estado, la Fiscalía y el Consejo General del Poder Judicial, donde se prevé la coordinación de las instituciones implicadas en dichos procesos, y se definen los mecanismos de cooperación con organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas de trata y, en particular, aquellas que proporcionan una asistencia de carácter integral y participan en los programas de las administraciones públicas para la asistencia y protección de las mismas.
Estas organizaciones y entidades, entre las que se encuentra APRAMP, ponen a disposición de las víctimas de trata de seres humanos una red de servicios especializados que complementa la atención otorgada por los recursos públicos existentes, según reconoce el protocolo. Por ello, se prevé su participación especialmente en lo relativo a la acogida, protección y asistencia a víctimas.