El escrito, presentado a última hora de la mañana de este viernes en la Delegación de Gobierno, propone una reinterpretación de la ley que regula el derecho de reunión (L.O. 9/1983, de 15 de julio) y que, en sentido estricto, obliga a "comunicar" a las autoridades cualquier concentración de más de 20 personas "en lugares de tránsito público". En concreto, la comisión Legal de Sol recuerda que esta exigencia "es una reminiscencia de un Estado autoritario que veía a la ciudadanía como objeto de control y seguimiento" y pide que esta ley se adapte "a los nuevos tiempos".
Para ello, además, el escrito de los indignados apela al artículo 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que invita a interpretar las normas "según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas", y al artículo 10 de la Constitución Española, que señala que las normas relacionadas con los derechos y libertades fundamentales "se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos".
Además, y puesto que esa obligación de comunicar la concentración pretende evitar posibles alteraciones de orden público, el 15-M recuerda que las asambleas se llevan celebrando ocho meses sin que se haya producido ningún incidente. "Tras el levantamiento de la acampada, se continúan celebrando cientos de asambleas en pueblos y barrios de Madrid, y todos los domingos en la Puerta del Sol -señala el escrito-. Debemos destacar que en el transcurso de estas Asambleas nunca se ha producido el más mínimo problema de orden público".
Los indignados concluyen solicitando a la Delegación que respete "de manera real y efectiva" el derecho de los ciudadanos a participar en la actividad política "sin inmiscuirse ilegítimamente en sus formas de organización ni pretender imponer la censura previa". Este comunicado se produce después de que, el pasado domingo, la Policía Nacional se personase en Sol para exigir a los asistentes que cumpliesen con la obligación de notificar a las autoridades la celebración de la Asamblea.
La propia delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, ha repetido este llamamiento en varias ocasiones durante esta semana. "Yo no tengo que autorizar la celebración de una reunión porque el derecho de reunión es un derecho constitucionalmente protegido que no necesita autorización previa, pero les pido que lo comuniquen", señaló Cifuentes esta semana
durante una entrevista con Madridiario.
En la entrevista -en la que Cifuentes se mostraba abierta a reunirse con los representantes de este movimiento-, la recién designada delegada del Gobierno dejaba en el aire lo que sucedería en caso de que los indignados no comunicasen la celebración de la Asamblea. "No puedo anticipar qué va a ocurrir porque cada situación requiere una medida diferente y dependerá de en qué circunstancias se produzca", señaló entonces Cifuentes.
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